La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra ha denunciado que la empresa Ence está vertiendo materia orgánica y que la carga de bacterias coliformes fecales, más de un millón de unidades por 100 mililitros según un informe de Augas de Galicia realizado en septiembre de 2013, influyen "decisivamente" en la clasificación del banco marisquero de Lourizán como zona C.
Los responsables del colectivo ecologista se han reunido con representantes de las cofradías de Lourizán, Pontevedra y Raxó para trasladarles los resultados de una inspección que se realizó "por sorpresa" y a instancias de una denuncia de los propios pósitos alertando de la "detección de filtraciones de vertido de aguas residuales en la zona de la escollera perimetral de la ría de Pontevedra, en el paseo de Lourizán", según las diligencias de Augas de Galicia.
En dicho documento también se recoge que el representante de Ence que acompañó al inspector alegó que "los análisis microbiológicos de la muestra tomada pueden verse alterados porque la toma de muestra no se realizó con material estéril". El vicepresidente de la APDR, Benito Andrade, ha asegurado que ante estos resultados los representantes de las cofradías se han mostrado "muy alarmados" y ha resaltado las "serias pérdidas económicas" que les acarrea la actual clasificación del arenal afectado.
Nueva regulación
Los dirigentes de la APDR se reunirán el próximo lunes con los patrones mayores de los pósitos del fondo de la ría de Pontevedra en la lonja de Campelo para informarles sobre la carga bacteriana detectada en el informe, su procedencia y las consecuencias para el medio marino. Desde esta asociación -que el próximo 14 de junio organizará una nueva edición de la Marcha contra Celulosas desde las alamedas de Marín y Pontevedra- han instado a las cofradías a "movilizarse".
Por otra parte, Andrade ha denunciado que Ence "reconoce que hay un sistema de mezcla" de las aguas residuales "con agua limpia" que el colectivo ecologista atribuye a la intención, por parte de la empresa, de "rebajar la contaminación" por dilución, algo que está "expresamente prohibido por la legislación de Augas de Galicia".
En una diligencia de inspección realizada en noviembre de 2012, el guarda fluvial recoge que la empresa cuenta con tres balsas de emergencias "con agua natural que utiliza para disminuir la temperatura de las aguas residuales tratadas a la salida de los decantadores secundarios en caso de ser necesario". Desde la APDR han visto así confirmada la "sospecha" que mantenían desde tiempo atrás en base a las dimensiones de la depuradora de la fábrica.
En este sentido, la defensa de la ría ha solicitado al Gobierno gallego "que se tomen acciones para impedir la mezcla de agua" y la clausura de la compuerta que comunica el agua limpia con el agua contaminada.
Además, la APDR ha pedido a la Xunta el expediente abierto por la presencia de coliformes en la muestra de aguas residuales de Ence en el canal anterior a su vertido a la ría por el emisario submarino y se ha presentado como "parte interesada". Puesto que la Autorización Ambiental Integrada de Ence no contempla límites a ese parámetro, el colectivo ecologista ha reclamado que se fijen los niveles máximos y que los vertidos procedentes de Ence sean considerados "aguas residuales urbanas" en vez de industriales.
"Destruir empleo de calidad"
El presidente de la APDR, Antón Masa, ha acusado a Ence de "destruir empleo de calidad" asociado a la explotación de los recursos naturales y de haber reducido la plantilla de la fábrica a 238 personas a través de un "ERE encubierto". En este sentido, ha criticado al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, José Manuel Fernández Alvariño, por pedir "cariño" hacia la empresa, argumentando que Ence "no ha mostrado cariño hacia la sociedad pontevedresa ni el medio ambiente".
Masa ha reiterado su petición de sanciones a Ence por el "incumplimiento" de la legislación ambiental y ha acusado a Fernández Alvariño de "presionar a la administración y chantajear a la ciudadanía" para que acepten la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa la factoría junto a la ría de Pontevedra.
