La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Maria Jesús Serrano, ha informado en el Parlamento andaluz que un total de 70 empresas establecidas en Andalucía y pertenecientes a los sectores la construcción, consultoría, industria, turismo y deporte se han integrado en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), para participar activamente en la lucha contra el cambio climático reduciendo de forma voluntaria las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Estas firmas cuentan con una serie de instrumentos facilitados por la Junta para realizar una auditoría que les permita llevar a cabo una evaluación de las emisiones que generan sus instalaciones y actividades. A partir de los resultados obtenidos, las compañías diseñan y aplican un plan de reducción basado en el ahorro y la eficiencia energética. En este documento se deben incluir las medidas y actuaciones que llevarán a cabo para reducir sus emisiones de CO2, así como las metas intermedias, plazos, recursos y responsables de la consecución de los objetivos.
Además de los efectos positivos que se obtienen por la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el SACE posibilita también a los empresarios la opción de compensar sus emisiones a través de proyectos que se desarrollan en el marco del Plan Forestal Andaluz (reforestación, conservación de las masas forestales,...).
El Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, promovido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es una plataforma pionera en España que permite a las empresas que no están obligadas a acudir al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión participar de forma voluntaria en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta iniciativa, puesta en marcha en 2009, tiene como principal objetivo, sensibilizar e implicar al sector empresarial en la necesidad de acometer acciones específicas de lucha contra los efectos del cambio climático.
Por último, la consejera ha recordado que Andalucía ha sido pionera a escala nacional en la lucha contra el cambio climático al poner en marcha en 2002 una estrategia para mitigar las causas y efectos de este fenómeno global, que se ha complementado con el Plan de Acción por el Clima y sus Programas de Adaptación, Mitigación y Comunicación.
