Sniace debe 22,6 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico

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El comité de empresa de Sniace ha decidido que se personará en el concurso de acreedores, solicitado por la dirección ante un juzgado de lo mercantil de Madrid, para representar sus "intereses" y obtener "toda la información" aportada por la empresa para justificar el concurso.

El secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el comité realizará los trámites para ello "una vez" que conozca "en manos del juzgado en el que ha caído" el concurso de acreedores.

No obstante, ha señalado que los trabajadores sólo tendrían "reservada una pequeña parte" ya que la deuda con ellos es "pequeña" en comparación con el resto de acreedores a quienes el Grupo Sniace y sus tres sociedades --Sniace, Celltech y Viscocel-- deben 329,8 millones de euros.

De esos 329,8 millones de euros, 145,3 se corresponden a la deuda del Grupo con sus principales acreedores entre los que están la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la que adeuda 22,6 millones de euros; la empresa proveedora de gas GDF Suez Energía España (15,6), las entidades bancarias Liberbank, BBVA y Bankia (24,1), el Gobierno de Cantabria (9), y la Seguridad Social (casi 2,6), según informó la propia empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pérez Portilla ha señalado que personarse en el concurso también permitirá al comité conocer "información" de cómo va transcurriendo el mismo, en el que, a su juicio, caben tres opciones. La primera, que empresa y acreedores llegasen a un acuerdo y Sniace abriese la fábrica aunque "en otras condiciones", ha apuntado.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, Sniace quedaría abocada a la liquidación, con la que se abrirían "dos posibilidades": que apareciese una empresa interesada en adquirir la fábrica o, de no ser así, la planta de Torrelavega iría destinada "para chatarra", según el secretario del comité.

Sin embargo, Pérez Portilla ha insistido en que el concurso "puede tardar en llegar un año y medio si no es más" porque es un proceso "largo" y, antes de personarse, el comité y los trabajadores tienen por delante un trabajo "complicado".

Y es que, antes del 24 de octubre, todos los trabajadores tienen que presentar su reclamaciones por despido improcedente ante el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) y, una vez éste les dé o no la razón, deben comenzar con "el zafarrancho" de las demandas individuales, ha explicado.

En este punto, Pérez Portilla ha hecho "un llamamiento", a través de esta agencia, a todos los trabajadores, ya que "hay algunos que van por libre", para que hagan estas reclamaciones porque de no hacerlo "perderán todos sus derechos".

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