La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre un "cúmulo" de presuntas irregularidades de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en un proceso de adjudicación de diversos trabajos de asesoría y consultaría relacionados con un plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña en 2008.
Se trata de adjudicaciones directas a una unión temporal de empresas (UTE) --formada por Auditoría e Ingeniería, United Research Services España y Arteginy-- entre octubre y diciembre de 2008 para "trabajos complementarios o adicionales" al proyecto principal -- que también había sido otorgado a la misma empresa--, y con un coste de 7,6 millones de euros.
La Fiscalía ha decidido acordar la incoación de diligencias de investigación después de valorar varios informes de la Intervención General, el Gabinete Jurídico adscrito a Presidencia y de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que ponen de manifiesto "la posible existencia de conductas delictivas".
Sostiene que estas evidentes irregularidades de "tan grosero calibre" localizadas por estas instituciones y el elevado importe de los contratos son indicios razonablemente sólidos para considerar que la adjudicación podría haber sido pactada previamente de forma arbitraria en detrimento del resto de competidores, a lo que añade una presunta ejecución irregular siempre en beneficio de estas empresas y a costa del erario público.
Agrega también la Fiscalía que el representante de la UTE en el procedimiento fue Jose Luis Quer Cumsille, que había sido gerente del ACA entre 2000 y 2004, "y cuyo influjo pudiera haber resultado determinante en estos hechos".
La Fiscalía concluye que de confirmarse estas irregularidades, se podrían haber cometido los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de fondos públicos, "sin descartar algún tipo de falsedad documental".
