La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados de Chile aprueba facilitar la regularización de derechos de aguas

43
0

Sobre la Entidad

Cámara de Diputados de Chile
Cámara de diputados de Chile, encargada de participar en la elaboración de la legislación junto con el Senado y el presidente de la República
  • La propuesta fue aprobada en general tras las aclaraciones de la Ministra Loreto Silva y sus asesores, en la tarde de ayer. Por acuerdo de los legisladores, el próximo lunes continuarán con la votación en particular, con la idea de despachar la propuesta en ese mismo día.

Con la sola abstención de la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, diputada Adriana Muñoz (PPD), la instancia aprobó en general el proyecto (boletín 8150), en segundo trámite legislativo, que busca facilitar la regularización de derechos de aprovechamiento de aguas.

La iniciativa, que viene siendo discutida en la Comisión desde hace algunas semanas, fue analizada en la jornada de ayer junto a la Ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, quien junto al titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Francisco Echeverría, y al fiscal del Ministerio de Obras Públicas, Franco Devillaine, aclararon varias de las interrogantes que mantenían los legisladores previo a la votación.

Durante el debate, la diputada Muñoz y los diputados Mario Bertolino (RN), Eduardo Cerda (DC), Marcelo Schilling (PS) y Matías Walker (DC) expresaron variadas dudas respecto del proyecto, las cuales apuntaban tanto a la forma en que se resguardarían los intereses de los pequeños usuarios como a la ejecución misma del proceso de regularización.

La diputada Muñoz valoró la introducción efectuada en el Senado de un estándar de publicidad para la convocatoria a junta, pero se mostró preocupada por el hecho que muchos de los pequeños usuarios no cuentan con acceso a los medios de comunicación, por situarse en zonas de difícil acceso.

Además, planteó su temor a que la representatividad se vea alterada por quienes tienen más acciones en cada organización y, en ese plano, dijo preferir que sea el Estado el que asuma la representación de los pequeños usuarios.

El diputado Bertolino estimó que muchos de los aspectos que se buscan regular podrían abordarse por vía administrativa y expresó su aprensión a avanzar en una reforma que puede alterar el normal funcionamiento histórico que se presenta en gran parte de las juntas.

El diputado Walker se manifestó conforme con la idea de aclarar la dotación de agua y puso de relieve en el debate la necesidad de modificar el título del proyecto, el cual apuntaba a procedimientos de constitución de derecho de aprovechamiento de aguas y no de regularización, como efectivamente se trata en la iniciativa.

En este contexto, la Comisión, tras la aprobación en general y con el asentimiento del Ejecutivo, aprobó modificar el título de la iniciativa en la línea señalada.

Aclaraciones del Ejecutivo

La Ministra Silva resaltó que para administrar adecuadamente el agua es necesario contar con buena información, la cual provendrá, justamente, de la regularización que se haga de los títulos existentes.

“Existen aún 300 mil usuarios en nuestro país que tienen derechos y no tienen perfeccionados sus títulos. Además, quisiera destacar que el 73% del agua en nuestro país, según un estudio del Banco Mundial, tiene como titulares a usuarios agrícolas y, dentro de ese 73%, un 74,5% corresponde a pequeños agricultores. De este modo, no sólo tenemos un problema de falta de información, sino que tenemos un sinnúmero de personas a las que les resulta muy dificultoso perfeccionar sus títulos”, puntualizó.

En este plano, recalcó que el proyecto es muy importante, particularmente para facilitar la regularización de títulos de pequeños y medianos productores, que no siempre tienen los recursos para costear un proceso judicial individual. Explicó que, con esta propuesta legal, se podrá facultar a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en estos procedimientos de constitución de derecho de aprovechamiento de aguas.

Francisco Echeverría insistió en que el impacto del proyecto será significativo para los pequeños y medianos agricultores, ya que podrán prorratear gastos en la junta de vigilancia u organización de usuarios respectiva y, por esa vía, optar a un proceso más rápido, porque la DGA tendrá una demanda y no 2000 por organización, por ejemplo, ampliando su capacidad de respuesta y de emitir un informe técnico que justifique el perfeccionamiento que se está solicitando.

Además, acotó, permitirá establecer coherencia en las sentencias, hoy muy distintas entre si, y facilitar la concreción de proyectos de energía renovables no convencionales, que ahora se hacen muchas veces inviables porque no se cuenta con títulos perfeccionados.

Informó que la DGA cuenta con todos los estatutos de las juntas de vigilancia, todas las acciones que manejan y saben qué derechos están asignados, pero sostuvo que la mayoría de los títulos son antiguos y, por tanto, no especifican los litros por segundo a los cuales se tienen derecho ni el tipo de ejercicio que se realizará (regadío, agua potable, hidroeléctrica, por ejemplo). Enfatizó que la única manera de efectuar un registro de títulos en el Castro Público de Aguas es teniendo los títulos perfeccionados, hecho que hoy se limita al 17% del total de derechos.

El director general de Aguas explicó que hoy los juicios son individuales, con escasa publicidad, mientras que el proceso que se propone incluye una citación a junta que debe contar con el envío de una carta certificada, además de notificaciones en el diario oficial, en un diario de circulación local y nacional y de una emisión en una radio de la provincia donde están los derechos de aprovechamiento.

Comunicó que la facultad dada al directorio se debe realizar a través de una autorización de la junta extraordinaria con quórum especial, de dos tercios de los votos emitidos en la asamblea. Recalcó que este acuerdo (iniciar el proceso judicial) no es una decisión del directorio, sino de la junta y que los resultados serán aplicables para todas las acciones, en un mismo nivel de derechos.

El fiscal Franco Devillaine resaltó que con este proyecto se espera transformar varios y sucesivos juicios individuales en procesos universales cuyas sentencias jurídicas permitirán estandarizar los derechos. Sostuvo, además, que en los procesos siempre está la posibilidad que quienes quieran resguardar sus derechos particulares, concurran con sus abogados para representar sus posiciones. 

Comentarios