La moción parlamentaria (boletín 9102), que será analizada por la Comisión de Agricultura, fue presentada por los diputados Roberto Delmastro (IND), Marta Isasi (IND), Denise Pascal (PS), Alejandra Sepúlveda (IND), Víctor Torres (DC) y Orlando Vargas (PPD).
Los diputados firmantes explican que los recursos hídricos en Chile están centrados en criterios de asignación y transacciones de mercado, por lo cual han quedado sujetos a una fuerte presión, especialmente en las zonas donde son más escasos, teniendo como resultado que la "libre competencia" entre los diferentes usos y derechos de propiedad de las aguas ha favorecido la concentración de la propiedad de éstas en el sector eléctrico, minero y exportador, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población y el cultivo agrícola.
Esta situación ha sido favorecida por el marco jurídico establecido en el Código de Aguas, que define simultáneamente al agua como un bien nacional de uso público y como bien económico, promoviendo el uso y acceso a los recursos hídricos principalmente a través del "mercado del agua", donde prima la dinámica de la oferta y la demanda, por encima de la satisfacción de las necesidades de la población y los debidos resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso como éste.
Transferir los derechos de agua por un precio exorbitante sin importar el uso o destino del recurso es absolutamente legal
Los parlamentarios señalan que según cifras del Ministerio de Medio Ambiente, el uso promedio total de agua de Chile es de 4.710 m3 por segundo, de los cuales el 89% corresponde a usos no consuntivos (principalmente generación hidroeléctrica) y un 11 % a usos consuntivos tales como riego, en los que el agua no regresa inmediatamente al ciclo del agua.
La agricultura es el mayor consumidor de agua de Chile, responsable del 73% del consumo total. El consumo residencial en zonas urbanas y rurales representa solo el 6% del consumo, mientras que la minería y otros usos industriales son responsables del 9% y del 12% del consumo, respectivamente.
Sin embargo, en lugares como el Valle de Copiapó, según datos del Gobierno Regional, la minería es responsable del uso del 31% del agua y la agricultura del 53%.
De esta manera, se desprende que los proyectos mineros constituyen verdaderas amenazas a la subsistencia de la actividad agrícola en la zona norte del país. El auge de la minería y la escasez de agua han creado un mercado muy apetecido sobre este vital elemento.
“Transferir los derechos de agua por un precio exorbitante sin importar el uso o destino del recurso es absolutamente legal, pero a lo menos parece cuestionable desde un punto de vista ético, ya que se trata de un negocio especulativo que pone en riesgo incluso la posibilidad de abastecer el consumo humano a corto plazo”, indican los parlamentarios.
Por todo lo anterior, el proyecto modifica el Código de Aguas, con el objetivo de dar relevancia en el marco normativo al uso de las aguas de acuerdo a su destino, estableciendo limites para su transferencia, en virtud de la importancia que reviste el recurso hídrico para el consumo humano y la producción agrícola sobre todo en aquellas zonas en que dada la escasez de este vital elemento, se encuentran en una situación crítica.
