Se realizan operativos en Azapa y Vítor por casos de usurpación de aguas

  • Trabajo conjunto del MOP y el Ministerio Público tras una decena de denuncias, tuvo como resultado tres personas detenidas y la incautación de bombas de extracción en sus predios
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DGA Chile
Dirección General de Aguas (DGA) de Chile. Dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
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Durante las últimas 48 horas, personal de la Dirección Regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, realizaron un operativo en los valles de Azapa y Vítor, en torno a una investigación que realiza la Fiscalía del Ministerio Público por el delito de usurpación de aguas contra distintos particulares.

Como resultado de inspecciones a 10 predios, la PDI detuvo a tres personas al constatarse que en sus parcelas se estaba cometiendo el delito de usurpación de aguas, que se encuentra tipificado en el Código Penal. En las tres propiedades se procedió también a la incautación de motobombas utilizadas para la extracción ilegal. Asimismo, en los otros siete casos, debido a la ausencia de moradores o por detectarse fallas en los sistemas de extracción descubiertos, se cursaron citaciones a los infractores.

El secretario regional ministerial de Obras Públicas, Jorge Cáceres destacó que esta acción conjunta con la PDI, se enmarca dentro de los compromisos del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet “de realizar acciones decididas para el cuidado del agua, declarándola un bien nacional de uso público y resguardando su uso sustentable para prioridades como el consumo humano y actividades productivas. Es por eso que desde que asumimos el Gobierno se ha dispuesto el refuerzo de los equipos de fiscalización de la Dirección General de Aguas y se ha decidido denunciar ante el Ministerio Público a quienes están usando aguas sin tener los derechos constituidos”.

El acuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento, que puede desembocar en un colapso si no adoptamos medidas urgentes

Cáceres detalló que el operativo pudo concretarse, gracias a una denuncia que realizó la Dirección Regional de Aguas el 17 de febrero pasado ante el Ministerio Público para su persecución penal y lograr el pago de multas al Fisco por parte de los infractores. Esta acción se adoptó, tras efectuar fiscalizaciones el año 2014 en los valles de Azapa y Vítor, donde en inspecciones sucesivas se detectaron la 10 captaciones irregulares de aguas.

“El acuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento, que puede desembocar en un colapso si no adoptamos medidas urgentes. Esto quiere decir que hay extracciones ilegales que superan con creces los derechos que están autorizados. En temporada alta de producción del valle como lo es ahora, sin duda que esa condición de agotamiento aumenta. Por eso debemos evitar que siga disminuyendo el agua disponible y que ésta empeore su calidad, porque de ser así, la agricultura se verá en serios aprietos”, expuso el seremi.

Javier Gaete: "Logramos detectar pozos ilegales que  estaban funcionando sin tener los derechos constituidos"

Por su parte, el subcomisario de la Bidema de la PDI, Javier Gaete, valoró el resultado de la diligencia conjunta, “ya que logramos detectar pozos ilegales que  estaban funcionando sin tener los derechos constituidos. Descubrimos que esta infraestructura estaba siendo utilizada para el regadío de vegetales que posteriormente son comercializados. Logramos detener a tres personas, ya que detectamos que estaban cometiendo el delito flagrante de usurpación de aguas, recogiendo en sus predios toda la evidencia disponible como bombas y sistema eléctrico utilizado, elementos que servirán para su posterior sanción en el tribunal”.

Asimismo, el director regional de Aguas, Héctor Flores, subrayó que “la DGA ha hecho un esfuerzo importante por fortalecer la Unidad de Fiscalización Regional, dotándola de un equipo de tres fiscalizadores y una abogada, decisión estratégica que nos ha permitido agilizar nuestro trabajo y aumentar en un 50 por ciento las inspecciones selectivas que hoy nos están permitiendo llevar causas a los tribunales”. 

En cuanto a las penas que arriesgan los infractores, el Código Penal en su artículo 459 establece una sanción que puede ir desde los 61 días hasta los 540 días de cárcel, y otra de tipo administrativo, que involucra multas entre 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, desde 478 mil pesos a 869 mil pesos. En caso de ser reincidente, la pena puede ir desde los 541 días hasta los 3 años de presidio.

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