Nacido en Águilas (Murcia), José Luis Martínez tiene muy presente que el agua es un factor limitante para el desarrollo económico de una región, y más de un país tan afectado por los devenires del cambio climático como es España.
En esta entrevista, el diputado de Ciudadanos expone las claves de su partido en materia hídrica.
Pregunta: Ciudadanos ha presentado recientemente una proposición no de ley para “reformar y adaptar el Plan Hidrológico Nacional al cambio climático”. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta reforma?
Respuesta: El Plan Hidrológico Nacional (PHN) ejerce una función coordinadora y debe abordar, entre otras y fundamentalmente, las decisiones respecto a transferencias de recursos hídricos entre diferentes ámbitos de planificación.
Los objetivos del PHN son esencialmente socioeconómicos y ambientales, pues, a diferencia de otros planes hidrológicos anteriores, el PHN no pretende el fomento del uso del agua y el incremento de la oferta y demanda hídricas, sino que se orienta con toda claridad -y así lo ha dispuesto la Ley- a corregir los graves problemas de dotación existentes tanto para el abastecimiento a la población como para diversas actividades económicas, singularmente el regadío, y a eliminar el problema de degradación del dominio público hidráulico y sobreexplotación de acuíferos motivados por la escasez y sobrepresión a la que se encuentran sometidos los recursos hídricos en extensas zonas del país.
Además, se incorporan otros objetivos ambientales de los que algunos operan como restricciones en el proceso de decisión.
No debe verse, en consecuencia, como un mero plan de obras, sino como un instrumento de ordenación y reequilibrio hídrico orientado al uso sostenible del agua y la recuperación medioambiental del dominio público y entorno afectado.
P.- España ha vivido en los últimos meses una situación de grave sequía. ¿Qué opinión le merece la política que ha llevado a cabo el gobierno del PP en esta materia?
R.- La política realizada por el gobierno en los últimos 5 años es a todas luces continuista: no propone soluciones a la gestión ineficiente de un recurso escaso como es el agua. Se ha dedicado, desde el Gobierno, a plantear soluciones paliativas, mediante los Reales decretos de sequía, de carácter económico y sin solucionar la escasez de agua en las cuencas hidrográficas deficitarias.
No se han contemplado los escenarios de escasez creciente del recurso provocados por el cambio climático, pero no solo por el cambio climático, sino también por una mala retención del recurso, un elevado despilfarro y una deficiente reutilización.
P.- Existen diversos estudios que demuestran la importancia de la política del agua en las repetidas mayorías absolutas logradas por el PP en autonomías tan importantes como Valencia o Murcia. ¿Cree que este asunto volverá a ser decisivo en el ciclo electoral de 2019 y 2020?
R.- Solo hay tres regiones en España que tienen un déficit hídrico estructural por su posicionamiento geográfico, que son Alicante, Almería y Murcia.
Este déficit ha ido incrementándose por varios motivos:
- Un incremento poblacional estable en las últimas décadas. Hablamos de aproximadamente 4 millones de habitantes.
- Un potente sector turístico.
- El desarrollo del sector agrícola intensivo, que ha incrementado el número de hectáreas de regadío.
- El desarrollo de una actividad industrial, industria alimentaria, que también es intensiva en el uso del agua.
Por lo tanto, la necesidad de tener una seguridad hídrica es un factor clave para la creación de riqueza y el desarrollo de estas regiones. Por eso es tan importante para los ciudadanos del sureste español saber cuáles son las políticas de agua que tienen los partidos políticos en su programa.
P.- En las últimas campañas electorales salieron a la luz discrepancias internas en su partido acerca de temas como el trasvase del Ebro. ¿Mantiene Ciudadanos un único discurso en materia de agua para todo el territorio español o se modula según la comunidad autónoma?
R.- Ciudadanos tiene un solo discurso en materia de agua para todo el territorio español, porque nuestro objetivo principal es garantizar a largo plazo la sostenibilidad de todas las actividades que afectan al mantenimiento del buen estado de nuestro capital natural agua. Nuestra labor política, en materia de agua, se apoyará en los principios de la economía circular, el enfoque integrado y la visión ecosistémica.
Por todo lo anterior, desde C´s, a través de su acción de gobierno, de su actividad parlamentaria y extraparlamentaria, promoverá todo tipo de iniciativas legales, políticas y sociales, a escala local, autonómica, nacional y comunitaria, para tratar de superar las barreras que impidan o limiten la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, salobres y de agua dulce de la nación.
Nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad de las actividades que afectan al mantenimiento del buen estado de nuestro capital natural agua
P.- La inversión pública en el sector del agua se encuentra en mínimos históricos desde hace una década. ¿Qué propone su partido para afrontar la necesaria renovación de nuestro parque de infraestructuras? ¿Considera la colaboración público-privada como un mecanismo interesante?
R.- Actualmente hay un déficit de infraestructuras hidráulicas en nuestro país que nos impide hacer una gestión eficiente del recurso. El efecto del cambio climático está haciendo que llueva menos, y además que las precipitaciones sean abundantes en un periodo muy corto de tiempo, lo que provoca fuertes escorrentías e inundaciones, generando pérdidas materiales y, lo que es peor, la perdida de esa agua.
Por eso hay que diseñar un plan de desarrollo de nuevas infraestructuras que nos permitan aprovechar de forma eficiente el agua.
También propondremos una ley de gestión integral del agua en las ciudades que nos permita, mediante la economía circular del agua, reutilizar el 100% del agua residual que se genera en ellas.
Esta ley dotará de seguridad jurídica para que se puedan hacer las inversiones en renovación de las infraestructuras de aducción y alcantarillado, que tienen una edad media de 40 años, lo que reducirá el porcentaje de pérdidas de agua que actualmente está en España en un 30%.
La elevada deuda pública que tenemos en España afecta a la capacidad de inversión por parte de las administraciones públicas en infraestructuras, por eso es indispensable establecer un marco jurídico estable que permita acometer estas obras; en el caso del alcantarillado y aducción estaríamos hablando de más de 40.000 millones de euros, mediante el mecanismo de colaboración público-privada.
