Con el fin de acercar y dar visibilidad a la situación hídrica que vive la región latinoamericana, en iAgua hemos puesto en marcha este ciclo de entrevistas sobre #ElAguaenLATAM para que diferentes cargos públicos y expertos en la materia de Latinoamérica nos hablen de ello.
En esta ocasión hablamos con Pedro León Ugalde, Secretario Ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Riego de Chile.
Pregunta: ¿Cuáles diría que son los principales problemas a los que se enfrenta la región latinoamericana en materia hídrica?
Respuesta: El principal problema es el cambio climático, que se ha manifestado en diferentes países de América Latina a través de diversos fenómenos meteorológicos, como inundaciones, aluviones u otros, lo que sumado a una disminución sostenida de las precipitaciones ha generado una menor disponibilidad del recurso en algunas zonas de la región. A esa menor disponibilidad, es necesario agregar el incremento de la demanda de agua por parte de la población y los diversos sectores productivos.
P.- ¿Y en el caso de su país?
R.- En los últimos años Chile ha exhibido un gran crecimiento y, como todo desarrollo, conlleva nuevos desafíos. En este escenario se requiere de una respuesta basada en soluciones integrales, que involucren el desarrollo de infraestructura con mayor velocidad, pero también incorporando herramientas innovadoras para una adecuada gestión del recurso.
Nuestro país cuenta con un modelo de gestión mixto que considera tanto al Estado como a los usuarios de agua, por lo que en este sentido la cooperación público - privada es clave para superar el desafío de una demanda creciente en un contexto de escasez.
De acuerdo con datos de la Política Nacional de Recursos Hídricos (Ministerio del Interior), cada año aumenta la demanda de agua, estimándose que hacia el año 2025 la demanda total aumentará entre el 35% y 60% y que se podría duplicar para el año 2050 siendo éste quizás uno de los desafíos más importantes que debemos enfrentar en el siglo.
La cooperación público-privada es clave para superar el desafío de una demanda creciente en un contexto de escasez
P.- En este sentido, ¿qué medidas está llevando a cabo el Gobierno?
R.- Dentro de las líneas de trabajo más importantes que plantea el programa actual de Gobierno destaca el “asegurar el bienestar humano y el uso productivo del agua, enfrentando los desafíos del cambio climático”. En particular la Comisión Nacional de Riego fomenta el desarrollo de nuevas obras de tecnificación, el revestimiento de canales y proyectos de infiltración, entre otros, con la finalidad de dar mayor seguridad de riego. Lo anterior, mediante la entrega de bonificaciones concursables por un monto cercano a los 100 millones de dólares al año.
De igual manera, la CNR trabaja en el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Aguas, que son parte fundamental de la institucionalidad de gestión del agua en nuestro país.
P.- Durante los últimos años el concepto de gobernanza del agua ha tomado fuerza. ¿Hay conciencia de su importancia en el país? ¿Cuáles son las principales brechas?
R.- Un estudio desarrollado en 2011 por el Banco Mundial señaló que existían en nuestro país más de 40 servicios públicos con competencias en torno al agua haciendo necesaria una mejor coordinación entre estos para enfrentar la realidad en materia hídrica. Sin embargo, dado el ordenamiento jurídico de Chile y la existencia de un modelo mixto de gestión del agua (público-privado), existe un alto nivel de conciencia del concepto de gobernanza.
En ese sentido, cabe destacar el apoyo de la CNR para avanzar en la constitución y fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) que son organismos con fines públicos que funcionan bajo el marco del Código de Aguas, tanto superficiales como subterráneas, permitiendo que estas puedan incorporar tecnologías e innovación en sus herramientas de toma de decisiones.
En Chile existe un alto nivel de conciencia del concepto de gobernanza en materia hídrica
P.- La legislación vigente, ¿es suficiente para gestionar los recursos hídricos?
R.- Existe un consenso transversal respecto a la necesidad de modernizar nuestra normativa, considerando la amplitud de actores involucrados en la gestión del agua, y también tomando en cuenta la necesidad de recoger la noción de escasez y la cada vez más necesaria eficiencia en el manejo de los recursos hídricos.
P.- ¿Cuál es la cobertura de abastecimiento y saneamiento en el país? ¿Qué inversiones harían falta para reducir estas cifras?
R.- En lo referente al agua potable, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), a nivel nacional, a diciembre de 2016, la cobertura de agua potable fue de 99,92%, mientras que la de alcantarillado fue 96,83%. El desafío que queda en este sentido es mejorar estos niveles en el sector rural, en donde se han realizado esfuerzos importantes para incorporar sistemas de Agua Potable Rural (APR) que apuntan a lograr este objetivo.
P.- El uso para agricultura juega un papel clave en el desarrollo de América Latina, ¿qué avances se han producido en el país en los últimos años?
R.- La agricultura en Chile ha tenido importantes avances en las últimas décadas, la incorporación de cultivos de mayor rentabilidad, la contra estacionalidad con los mercados del hemisferio norte y la determinación de nuestros agricultores han hecho posible que actualmente la superficie frutícola alcance las 318.505 ha, suponiendo un aumento del 25% en 10 años. Evidentemente, este aumento es consecuencia en parte del incremento del uso de sistemas de riego con alta eficiencia hídrica, en donde la Comisión Nacional de Riego ha jugado un papel fundamental con la administración de la Ley de Fomento al Riego. Desde el año 2010 en adelante se han beneficiado cerca de 150 mil hectáreas que han mejorado su eficiencia con sistemas de tecnificación.
En el sector rural se han realizado esfuerzos importantes para incorporar sistemas de Agua Potable Rural
P.- ¿Cuáles son los objetivos en este sentido para los próximos años?
R.- Los principales objetivos de la Comisión Nacional de Riego para los próximos años son la modernización de la Ley N°18.450 de Fomento al Riego, que incentiva a la inversión privada en obras de riego y que ha permitido aumentar los niveles de eficiencia del uso de agua para riego. Asimismo, se busca trabajar en un plan de grandes obras y el uso de nuevas fuentes (recarga de acuíferos, desalación, etc.) con el fin de disponer de agua en los periodos de riego y, por último, seguir fortaleciendo a las OUA para la gestión sustentable del recurso hídrico.
P.- Se estima que el costo de la mala calidad del agua en América Latina supone la pérdida de un PIB de entre el 1 y el 3%. ¿Hay mediciones sobre esta calidad del agua en el país? ¿Qué inversiones se dedican a este capítulo?
R.- La calidad del agua para riego en Chile se rige bajo la norma chilena NCH 1.333. A través de las Ley N°18.450 de fomento al riego, todos los años existe un concurso específico a nivel nacional de calidad de aguas donde se bonifican proyectos que contengan equipos que mediante procesos físicos, químicos y/o biológicos permitan prevenir o mitigar la contaminación del agua de riego. Para este año, el monto asignado para el concurso fue de USD 1.7 millones.
P.- Por lo general, ¿el usuario paga por todos los costes de transporte y tratamiento de agua? ¿Quién fija los precios del agua para los diferentes usos?
R.- En primer lugar es necesario que las aguas de consumo humano tengan un modelo de administración distinto a las aguas de riego, en el caso de los usuarios domiciliarios, es el usuario quién paga por los costes de transporte y tratamiento de aguas, estas tarifas están reguladas por ley y su aplicación por parte de las empresas sanitarias se encuentra sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
En cuanto a las aguas de riego, estas son administradas por las OUA, las que a través de sus asambleas o juntas fijan las cuotas que permitan la mantención y operación de los sistemas de riego comunitarios (canales, embalses, obras de captación y distribución).
P.- ¿Cuáles son los mayores logros alcanzados por el país en cuanto a seguridad hídrica?
R.- En materia de construcción de embalses, desde el año 90 se han construido 7 grandes embalses que han beneficiado más de 100 mil hectáreas con un volumen de 785 millones de metros cúbicos. A esto se suman la actual construcción de 4 obras adicionales que en sus distintas etapas suman 700 millones de m3 adicionales.
Aun cuando el desafío es continuar aumentando la superficie tecnificada en Chile, cabe destacar el nivel de tecnificación utilizado en el riego, el que triplicó su porcentaje pasando de un 10% en 1997 a 28% en 2007. Las estimaciones actuales indican que hoy se debiera haber superado el 40% de superficie con sistemas de riego eficientes.
Es necesario que las aguas de consumo humano tengan un modelo de administración distinto a las aguas de riego
P.- ¿Se están teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en las políticas públicas?
R.- Es un tema que se está abarcando a través de las distintas instituciones relacionadas con el agua, generando estudios que permitan apoyar en la toma de decisiones como programas específicos con agricultores con medidas de adaptación. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas publicó en 2017 un Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático. Por otro lado, la Comisión Nacional de Riego, ha estado fortaleciendo a lo largo de todo el país a agricultores con medidas de adaptación específicas en torno al riego fomentando la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia, mejorando las redes de canales, junto con sus obras de captación y embalses. A su vez, se han desarrollado programas de transferencia y capacitación a agricultores, extensionistas y miembros de Organizaciones de Usuarios del Agua en medidas de adaptación al cambio climático.
P.- ¿Cuáles son los principales retos del futuro para la gestión de los recursos hídricos?
R.- El principal desafío es dotar a los agricultores y sus organizaciones, con las herramientas necesarias para enfrentar el cambio climático. Eso significa entregar mayor seguridad de agua para riego, a través de mayores inversiones en infraestructura, pero también mejorando la gestión del recurso a través del fortalecimiento del rol de las Organizaciones de Usuarios de Aguas y entregándoles tecnología que les permita desarrollar su función de manera óptima.
