Según la UNESCO, en la actualidad existe una crisis de gestión de los recursos hídricos a nivel mundial. Ésta se verá especialmente agravada en entornos del Mediterráneo, como es el caso de Andalucía, principalmente debido al excesivo uso sin control de los recursos, la falta de inversión y su continua mala gestión, lo que ha provocado una pérdida en la calidad y cantidad del recurso disponible, así como la degradación de los ecosistemas asociados. Dicho escenario se verá potenciado negativamente a medio plazo de cumplirse las previsiones de cambio climático que para la región se prevé desde organismos e instituciones como el IPCC.
Nuestra comunidad, Andalucía, representa quizás el modelo de gestión hídrico más complejo de todo el territorio nacional, ya que incluye desde las zonas más secas de la península hasta las más lluviosas, a la vez que presenta el mayor rango altitudinal dentro de la misma, y es la comunidad con mayor número de habitantes. Todo ello gestionado por seis demarcaciones hidrográficas, que a su vez presentan diferentes modelos de gestión debido a su configuración.
Tras años de retraso en la aprobación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca, la puesta al día con los plazos marcados desde Europa para los diferentes ciclos de la planificación ha supuesto un gran esfuerzo en todos los sentidos para el Estado, las administraciones públicas y las empresas privadas colaboradoras. Sin embargo, este esfuerzo sitúa a España a la cabeza de los países europeos que están al día, al menos sobre el papel, con las obligaciones respecto a la gestión y planificación de los recursos hídricos. Aun así, la realidad reinante es que todavía quedan muchos campos en los que avanzar y mejorar para alcanzar los objetivos de las directrices que en materia de agua rigen desde Europa, principalmente los recogidos en la Directiva Marco del Agua.
Para ello es necesario alcanzar un gran acuerdo, un pacto andaluz sobre el agua basado en la colaboración y coordinación entre administraciones, que incluya las voluntades tanto de los responsables técnicos como políticos, con la intención de definir las líneas estratégicas de futuro que deberán guiar la política en materia de agua en nuestra tierra y su gestión, con el fin de mejorar el actual escenario. Para ello, es imprescindible abordar la temática desde sus diferentes vertientes y afecciones (ambientales, sociales, económicas, etc.) para consensuar un nuevo modelo alternativo de gestión y planificación basado, a grandes rasgos, en los siguientes hitos:
- Las políticas de agua dentro de nuestra comunidad tienen que estar basadas en la solidaridad entre los pueblos, donde el agua, como el recurso de la vida, debe ejercer de elemento vertebrador del territorio. Existen cuencas excedentarias que podrían paliar los problemas de déficit hídrico que sufren otros sectores, siempre y cuando el desarrollo futuro de la cuenca cedente no se vea comprometido por posibles transferencias y se cumplan los objetivos medioambientales de las masas de agua.
- Es fundamental la coordinación entre administraciones, a todos los niveles, donde la pluralidad de niveles de gobierno y la fragmentación de competencias sobre los ámbitos que se tratan originan en ciertos casos una gestión inadecuada de la situación.
- Se hace necesario un compromiso serio para desarrollar los diferentes programas de medidas de los planes hidrológicos. De forma recurrente se aprecia el desplazamiento temporal de las medidas propuestas de un ciclo de planificación al siguiente por parte del gobierno andaluz, incluso la eliminación de horizontes temporales para la ejecución de algunas de ellas sin que otras medidas vengan a mejorar la situación de estrés hídrico cada vez mayor, lo que denota que la problemática no está en la teoría, sino en la puesta en práctica y la voluntad de desarrollo de estos programas de medidas.
- Los procesos de participación e información pública deben fomentar más el compromiso de la sociedad en estos procesos, mediante la explicación de las implicaciones que los documentos normativos aprobados en los diferentes planes (hidrológicos, zonas inundables, etc.) generan sobre el desarrollo futuro del territorio, y evitar que dichos procesos se conviertan en trámites legales que cumplir con publicaciones en periodos vacacionales, entre otras medidas, que lo último que buscan es la participación ciudadana y de las administraciones locales.
- Se deben determinar con claridad los mecanismos y fórmulas en los que se llevará a cabo la recuperación del coste de los servicios relacionados con el agua. Unificar criterios frente a la dispersión normativa y prever aquellos mecanismos necesarios para evitar duplicidades en cuanto a los gravámenes exigidos.
- Se hace necesaria una mayor conectividad entre los avances científico-técnicos y los trabajos desarrollados desde las administraciones. El potencial humano de nuestra sociedad es enorme y goza de reconocido prestigio a nivel internacional, sin embargo, existe una falta de inclusión de los resultados obtenidos en investigaciones y desarrollos tecnológicos dentro de la toma de decisiones en determinados ámbitos de la planificación hidrológica.
- En determinados ambientes es necesario el estudio, desarrollo e implantación de fuentes alternativas de suministro que aumenten el recurso disponible y aseguren la capacidad de abastecimiento de la población, no ya solo de la zona donde se lleven a cabo las actuaciones. Estas medidas liberan recursos procedentes de otras fuentes tradicionales que pueden ser destinados a otros usos que consolidan y fomentan el desarrollo del territorio, con la consecuente creación de riqueza y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos así como la mejora del estado de las masas de agua y ecosistemas asociados. Dichas actuaciones deberán ir acompañadas de planes de optimización energética, los cuales permitirán aumentar la competitividad de nuestro mercado así como incidir positivamente sobre el medio ambiente.
- Alcanzar el objetivo de vertido cero mediante la construcción de las EDAR que todavía se encuentran pendiente de ejecutar y la modernización de aquellas que lo precisen. Desde la entrada en vigor del canon de depuración, se ha recaudado lo suficiente como para haber desarrollado una gran mayoría de las infraestructuras pendientes, y sin embargo no se han llevado a cabo, lo que implica la imposición de sanciones desde Europa.
- Es necesario efectuar un control eficiente y vigilancia de los recursos extraídos y suministrados, junto con campañas de concienciación ciudadana. Estas medidas se tornan fundamentales para poder alcanzar un uso sostenible de los recursos hídricos y poder garantizar así el abastecimiento futuro de la población.
- Finalmente, se hace necesario el estudio de modelos de uso conjunto de todos los recursos hídricos disponibles encaminados a proponer alternativas y garantizar el abastecimiento de los diferentes municipios de nuestra tierra, de los usos asociados al desarrollo económico y social de la población y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las diferentes masas de agua con su puesta en valor como una alternativa turística más a añadir al enorme potencial de Andalucía.
No cabe duda que Andalucía necesita de una política en materia de agua seria, rigurosa, con respaldo económico suficiente y sobre todo con voluntad e impulso político que se traslade a una gestión sostenible e integral, reflejo de la legislación vigente.
No se puede olvidar que lo que tenemos no es la herencia de nuestros antepasados, sino el préstamo de las generaciones futuras, y es por ello que debemos trabajar y cambiar las cosas para garantizar el bienestar de la sociedad, reducir las incertidumbres que la falta de inversión de estos últimos años nos ha generado, alcanzar el buen estado de las masas de agua y preservar nuestro patrimonio natural, el cual será el legado que reciban las generaciones futuras.
