La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no revisar y actualizar los planes hidrológicos de cuenca para las siete demarcaciones hidrográficas situadas en las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife).
Los planes hidrológicos de cuenca constituyen la base de la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). Estos planes ofrecen una visión completa de las principales cuestiones que afectan a cada demarcación hidrográfica, y deberían incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad medioambiental.
España tenía que haber revisado y actualizado todos los planes hidrológicos de cuenca de su territorio para el 22 de diciembre de 2015 y haber informado de tales medidas para el 22 de marzo de 2016. Las autoridades españolas tampoco han velado por el cumplimiento de las obligaciones de información y consulta públicas en relación con el establecimiento de estos planes.
La Comisión ha instado repetidamente a España a cumplir sus obligaciones: en primer lugar, mediante el envío de un escrito de requerimiento en abril de 2017 y, en segundo lugar, mediante la emisión de un dictamen motivado en octubre de 2017.
Antecedentes
La Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) es el instrumento fundamental de Europa para proteger la calidad de sus aguas. Los Estados miembros han de revisar y actualizar sus planes hidrológicos de cuenca a más tardar quince años después de la fecha de entrada en vigor de dicha Directiva, que fue el 22 de diciembre de 2000, y, posteriormente, cada seis años. Asimismo, la Directiva exige que los países de la UE fomenten la participación activa de todas las partes interesadas. Tienen que publicar y poner a disposición del público, a fin de recabar sus observaciones, un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración de los planes hidrológicos, con las medidas de consulta que hayan de adoptarse, un esquema de los temas importantes señalados en materia de gestión de aguas, ejemplares de los proyectos de los planes hidrológicos, y permitir el acceso, previa solicitud, a los documentos de referencia.
En octubre de 2012, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que España había incumplido sus obligaciones de adoptar y comunicar los primeros planes hidrológicos de cuenca (asunto C-403/11).
