La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político provisional alcanzado hoy entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva revisada reforzará sustancialmente la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a los vertidos nocivos de aguas residuales urbanas. También dará lugar a ríos, lagos, aguas subterráneas y mares más limpios en toda Europa.
Con las nuevas medidas en vigor, se eliminarán más nutrientes de las aguas residuales urbanas y se aplicarán nuevas normas a los microcontaminantes. La Directiva se aplicará ahora a un número más amplio de zonas, ya que abarcará también aglomeraciones más pequeñas a partir de 1,000 habitantes.
De conformidad con el principio de «quien contamina paga», la nueva ley garantizará que los costes de esta protección sean sufragados parcialmente por la industria responsable, en lugar de por las tarifas del agua o el presupuesto público. Además, impulsará al sector de las aguas residuales hacia la neutralidad energética y climática. También mejorará la gestión de las aguas pluviales, que adquirirán cada vez más importancia ante el aumento de las fuertes precipitaciones debidas al cambio climático.
Por último, garantizará el acceso al saneamiento en los espacios públicos para los dos millones de personas más vulnerables y marginadas de la UE. Esto está en consonancia con los requisitos establecidos en la Directiva sobre el agua potable revisada recientemente adoptada, que exige el acceso al agua para todos.
Reducción de sustancias químicas y contaminantes en el agua limpia
La nueva Directiva exigirá la eliminación de más nutrientes y microcontaminantes de las aguas residuales urbanas, en particular de los procedentes de productos farmacéuticos y cosméticos tóxicos. Introducirá un seguimiento sistemático de los microplásticos en las entradas y salidas de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, así como en los lodos. Un seguimiento adicional de las sustancias químicas para siempre, como las PFAS, mejorará los conocimientos existentes sobre la difusión de estas sustancias químicas a través de las aguas residuales urbanas.
La nueva Directiva aplicará por primera vez el principio de «quien contamina paga» en el sector del agua de una manera específica: las industrias más contaminantes, los productos farmacéuticos y cosméticos, deberán pagar al menos el [80 %] del coste de eliminación de microcontaminantes (conocido como tratamiento cuaternario). Esto limitará el coste de los nuevos requisitos para los ciudadanos.
Además, los parámetros clave relacionados con la salud serán objeto de un seguimiento periódico en las aguas residuales urbanas, incluida la resistencia a los antimicrobianos o la COVID-19 del SARS en caso de pandemia.
Las nuevas medidas tienen en cuenta las condiciones climáticas cambiantes y establecen obligaciones claras para que los Estados miembros puedan hacer frente mejor a las fuertes precipitaciones. Los recientes acontecimientos en varios Estados miembros, como Alemania, Francia, los Países Bajos y Bélgica, han puesto de manifiesto que el régimen de precipitaciones está cambiando drásticamente no solo durante el verano, sino también en invierno, y que es necesario adoptar medidas urgentes para garantizar la adaptación del sector de las aguas residuales urbanas a esta nueva realidad. En el caso de las grandes ciudades, los Estados miembros tendrán que elaborar sistemáticamente planes integrados de gestión para hacer frente a las aguas de tormenta. En el caso de las ciudades más pequeñas, tendrán que hacerlo cuando las aguas de tormenta presenten un riesgo. En estos planes, deben establecerse medidas concretas de gestión con una priorización de las soluciones basadas en la naturaleza.
La Directiva contribuirá a la economía circular mejorando la calidad de los lodos y las aguas residuales tratadas, permitiendo una mayor reutilización en la agricultura y garantizando que no se pierdan recursos valiosos.
Próximas etapas
El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán ahora que adoptar formalmente la nueva Directiva antes de que pueda entrar en vigor. A continuación entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. A continuación, los Estados miembros tendrán que empezar a trabajar en la aplicación de los requisitos y enviar los primeros programas nacionales de ejecución actualizados en 2026.
Antecedentes
La Comisión adoptó su propuesta de revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas el 26 de octubre de 2022. La Directiva es un elemento clave del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción «Contaminación Cero».
En general, la Directiva de 1991 se ha aplicado correctamente en todos los Estados miembros. Sin embargo, tras más de 30 años de existencia, la Directiva necesitaba una revisión general para tener en cuenta las nuevas fuentes de contaminación urbana, que ahora se han vuelto más dominantes (como las ciudades más pequeñas, las instalaciones descentralizadas o las aguas de tormenta). También han surgido nuevos contaminantes, como los microplásticos o los microcontaminantes (como los productos farmacéuticos o los cosméticos).
Además, el sector de las aguas residuales urbanas debe aprovechar su potencial de neutralidad energética, contribuyendo así a los objetivos generales del Pacto Verde Europeo.
