La Comisión Europea insta a Estonia y a Chipre a cumplir la normativa de la UE sobre aguas residuales urbanas y a velar por el tratamiento adecuado de las aguas residuales de las ciudades. De conformidad con el Derecho de la UE (Directiva 91/271/CEE del Consejo), las ciudades tienen que realizar las infraestructuras necesarias para la recogida y el tratamiento de sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas. Chipre no ha establecido un sistema colector para treinta y seis aglomeraciones.
En las mismas zonas, las autoridades chipriotas tampoco garantizan un tratamiento adecuado de las aguas urbanas recogidas en los sistemas colectores. La Comisión envió una carta de emplazamiento en julio de 2017. En Estonia, las autoridades aún deben garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas en ocho aglomeraciones. La Comisión envió una carta de emplazamiento en diciembre de 2016. Como en ambos casos no se espera que se cumpla la normativa de la UE en un futuro próximo, la Comisión envía un dictamen motivado a Estonia y a Chipre para que redoblen sus esfuerzos. Si estos dos países no actúan en los dos próximos meses, los asuntos podrían remitirse al Tribunal de Justicia de la UE. Por otro lado, la Comisión ha decidido también enviar una carta de emplazamiento a Rumanía por no cumplir la normativa de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CEE del Consejo) en grandes zonas urbanas (es decir, las aglomeraciones).
Tras la adhesión de Rumanía a la UE, las grandes aglomeraciones debían haber garantizado la recogida adecuada de las aguas residuales urbanas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2013 y su tratamiento, a más tardar, el 31 de diciembre de 2015. No obstante, según los últimos datos facilitados por las autoridades rumanas, 189 grandes aglomeraciones aún no cumplen las obligaciones de recogida de aguas residuales urbanas en virtud del Derecho de la UE, y 198 grandes aglomeraciones no cumplen las obligaciones de tratamiento. Si Rumanía no actúa en el plazo de dos meses, los asuntos podrían remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.
