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La CE solicita a los países europeos información sobre sus evaluaciones del riesgo de inundación

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Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.
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En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión Europea. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. 

En este sentido, la Comisión pide a Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta y España que presenten los informes pertinentes requeridos por varias leyes de la UE relacionadas con el agua. Los Estados miembros tienen obligaciones de notificación relacionadas, entre otros actos, con la Directiva sobre normas de calidad ambiental (2008/105/CE) y la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE).

Con arreglo a la Directiva sobre inundaciones, los Estados miembros deben facilitar información sobre la revisión de sus evaluaciones preliminares del riesgo de inundación y, en caso necesario, actualizarlas para que tanto el público como la Comisión tengan conocimiento de la evolución del riesgo de inundación. Además, en virtud de la Directiva sobre normas de calidad ambiental, los Estados miembros deben facilitar información sobre su programa de seguimiento actualizado y su programa preliminar de medidas relativas a las nuevas normas de calidad medioambiental, a fin de que la Comisión pueda juzgar su suficiencia.

El Pacto Verde Europeo subraya la importancia de que Europa siga avanzando hacia la consecución de sus objetivos medioambientales. Eslovenia aún no ha facilitado la información solicitada. Habida cuenta de que la gobernanza ambiental desempeña un papel clave a la hora de facilitar un funcionamiento correcto de las distintas normas sectoriales en materia de medio ambiente y la consecución de sus objetivos, la Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a estos Estados miembros, que disponen ahora de dos meses para responder a la carta; de no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado.

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