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La Comisión Europea exige a Grecia que finalice la revisión de sus planes hidrológicos

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Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.

La Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado a Grecia [INFR(2022)2191] por no finalizar la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca, según exige la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE), ni de sus planes de gestión del riesgo de inundación, según exige la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). Ambas Directivas disponen que, cada seis años, los Estados miembros deben actualizar sus planes hidrológicos de cuenca y sus planes de gestión del riesgo de inundación, respectivamente, e informar al respecto. Los planes hidrológicos de cuenca incluyen un programa de medidas que son fundamentales para garantizar el buen estado de todas las masas de agua, tal como requiere la Directiva. Los planes de gestión del riesgo de inundación se elaboran a partir de mapas que muestran las consecuencias adversas potenciales asociadas a los escenarios de inundación.

La gestión sostenible del agua es un elemento clave del Pacto Verde Europeo. Debe aplicarse plenamente la legislación de la UE sobre el agua para alcanzar las ambiciones de la Unión en materia de economía circular, biodiversidad, contaminación cero y cambio climático.

En febrero de 2023, la Comisión envió una carta de emplazamiento en la que instaba a Grecia a cumplir sus obligaciones y a concluir la revisión de sus planes hidrológicos. Sin embargo, la revisión, adopción y notificación de sus terceros planes hidrológicos de cuenca y de sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación se están retrasando.

Por tanto, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Grecia, que dispone ahora de dos meses para responder a él y subsanar las deficiencias que le ha señalado. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión puede optar por llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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