La Comisión pide a las autoridades de España que completen la transposición de la Directiva sobre el agua potable en su legislación nacional. Esta Directiva tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación del agua destinada al consumo humano, garantizando su salubridad y limpieza.
En octubre de 2015 se revisaron los anexos técnicos en los que se establecen los requisitos mínimos de control del agua potable (Directiva (UE) 2015/1787, que modifica la Directiva 98/83/CE) a la luz de los avances técnicos y científicos. Los Estados miembros tenían que adoptar las medidas para dar cumplimiento a la Directiva antes del 27 de octubre de 2017. Dado que las autoridades de España no respetaron el plazo inicial, la Comisión les envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2017.
España ha reconocido que sus autoridades todavía están preparando las medidas necesarias para cumplir la Directiva en cuestión. Ahora, la Comisión envía un dictamen motivado. Las autoridades de España disponen de dos meses para notificar a la Comisión las medidas tomadas para corregir la situación; de lo contrario, el asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.