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España recibe la última advertencia para aplicar los planes de gestión del riesgo de inundación

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Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.

En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión Europea. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas

En este sentido, la Comisión insta a España a cumplir plenamente la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia el 2 de abril de 2020 en el asunto (C384/19).

Aunque España ya ha ejecutado la sentencia por lo que se refiere a la demarcación hidrográfica de La Gomera, todavía no ha establecido, terminado, publicado y notificado los planes de gestión del riesgo de inundación que debía presentar el 22 de diciembre de 2015 a más tardar, correspondientes a las demarcaciones hidrográficas de Gran Canaria, Fuerteventura; Lanzarote; Tenerife; La Palma; y El Hierro. contemplados en el artículo 7, apartados 1 y 5, y el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. España espera disponer de estos planes entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. El Pacto Verde Europeo subraya la importancia de que Europa siga avanzando hacia la consecución de sus objetivos medioambientales.

Habida cuenta de que la gobernanza ambiental desempeña un papel clave para el funcionamiento correcto de las distintas normas sectoriales en materia de medio ambiente y la consecución de sus objetivos, la Comisión ha decidido enviar a España una carta de emplazamiento de conformidad con el artículo 260, apartado 1, del TFUE. Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión; de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia.

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