El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha otorgado a la Comunidad de Regantes Sector B-XII del Bajo Guadalquivir (Sevilla) la concesión de riego y la inscripción en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de 15.085 hectáreas (ha), por un periodo de 20 años.
Esta resolución constituye el final de una tramitación compleja, llevada a cabo por el Organismo de cuenca, para otorgar el título concesional de aprovechamiento de aguas públicas a esta zona Declarada de Interés General del Estado (IGE) desde 1955.
En este sentido, el presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha destacado que, "aunque la tramitación ha sido ardua, compleja y difícil, el actual equipo de la CHG ha logrado con este desbloqueo un impulso social y económico en unos tiempos de especial dificultad, por cuanto se garantiza los derechos y la fijación de empleo en el territorio, con las máximas garantías ambientales posibles".
Aunque las zonas regables del Bajo Guadalquivir experimentaron actuaciones de modernización de regadíos que fueron declaradas de IGE por el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001), con relación al uso privativo de aguas públicas, no se llegó a otorgar ningún título de derecho como exigía la Ley de Aguas, por lo que tampoco se pudo inscribir este aprovechamiento en cumplimiento de la normativa vigente.
Por ello, en 2008 la Confederación inicia la tramitación de un dificultoso proceso que, junto al otorgamiento para la concesión del B-XII, también abarcaba la modificación de características para adecuar el aprovechamiento a las necesidades reales de la explotación. Por un lado, la ampliación de 590 ha de la zona regable de Los Yesos y, por otro, la inclusión del uso industrial para abastecer una planta solar termoeléctrica y dos industrias agroalimentarias.
Dada la complejidad de la solicitud, ha sido necesaria una larga y minuciosa tramitación no exenta de numerosos informes de compatibilidad con la Planificación Hidrológica, consultas públicas, trámites de audiencia, informes de la Abogacía del Estado y autorizaciones ambientales, que han avalado la legitimidad y seguridad de las hectáreas reconocidas para el riego.
El agua concedida para las 15.085 ha del B-XII supone una dotación anual de 89.950.000 metros cúbicos (m³) de agua superficial procedente del embalse de Peñaflor, conducida a través del Canal del Bajo Guadalquivir hasta la balsa de Melendo y del propio río Guadalquivir como toma de emergencia.
Dicha concesión estará condicionada a las medidas que pudiera imponer la CHG con el fin de garantizar el buen estado de las masas de agua afectadas, así como aquellas que se derivaran del cumplimiento de la normativa de escasez y sequía.
La Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir se extiende a lo largo de 1.142 parcelas, ubicadas mayoritariamente en el T.M. de Lebrija (Sevilla) -132 ha se localizan en el T.M. de las Cabezas de San Juan- pertenecientes a 884 comuneros que, desde hoy, cuentan con garantía jurídica para el desarrollo sostenible de su actividad agrícola e industrial.
Inversión de 6,1 M€ y seguridad para el empleo 300 trabajadores
Junto al título y registro en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas del sector B-XII, el expediente resuelto supone la ampliación en 590 ha más de la superficie conocida como Los Yesos, declarada de Interés General de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Decreto 387/1986, de 10 de diciembre (BOJA Núm. 111 de 16/12/1986).
Esta ampliación acredita un volumen destinado a riego de 2.950.000 m³/año y permitirá una inversión de 6.143.770 de euros para la ejecución de obras para el suministro de agua a la nueva zona regable, trabajos que se ejecutarán en los próximos meses.
Asimismo, la modificación de usos recogida por la resolución ha permitido ajustar el aprovechamiento y regularizar la importante actividad industrial que se desarrolla en el sector B-XII, a la que se asignan 1.712.403 m3/año. Por un lado, la realizada por dos industrias agroalimentarias, a las que se asocian más de 250 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, y 23.775 jornales agrarios en el pasado 2020. Por otra, el funcionamiento de una planta termoeléctrica que, ejecutada con una inversión cercana a los 300 millones de euros, emplea en la actualidad a más de 50 personas.
