En la jornada “El saneamiento en transición: estrategia y liderazgo para redefinir la gestión del agua”, organizada por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con la colaboración de iAgua, Jesús Maza, presidente de DAQUAS, ha ofrecido una visión clara sobre el desafío que supone la nueva Directiva de aguas residuales para el sector gestor.
Maza ha subrayado que España afronta una norma mucho más exigente cuando aún mantiene incumplimientos de la directiva anterior y una parte relevante de las inversiones históricas pendientes. La ampliación del ámbito a aglomeraciones desde 1.000 h-e, la revisión del papel de los sistemas individuales y la incorporación sistemática de las aguas pluviales configuran, según ha señalado, un escenario especialmente complejo para muchos territorios.
A partir de las estimaciones de DAQUAS, ha destacado que la combinación de necesidades preexistentes, nuevas obligaciones de la Directiva TARU y exigencias adicionales sitúan el esfuerzo económico en cifras sin precedentes: más de 8.000 millones de euros anuales si se consideran también los requerimientos derivados del RD 3/2023 y la digitalización. Un horizonte difícilmente compatible con el actual marco tarifario, heterogéneo y con precios muy por debajo del coste real del servicio.
También ha advertido sobre la responsabilidad ampliada del productor aplicada al tratamiento cuaternario, que considera un instrumento potencialmente útil, pero que podría derivar en conflictos y judicialización si se diseña con un enfoque meramente recaudatorio.
En materia de gobernanza, Maza ha reclamado mayor coordinación institucional, seguridad jurídica y un papel más estable para la colaboración público-privada. Su mensaje final ha apelado a la necesidad de un pacto social por el agua, que permita explicar a la ciudadanía el valor real del saneamiento y sostener la transición que la Unión Europea exige.
