En el ciclo sobre el precio del agua en España analizamos la situación actual y los retos futuros de los costes asociados a los servicios del agua. Con el fin de hallar la fórmula de una gestión eficiente y justa del agua, entrevistamos a diferentes perfiles tanto del sector público como del privado en relación a este tema.
Hoy hablamos con Unai Lerma, Director Comercial del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Pregunta: En primer lugar, nos gustaría conocer su trayectoria profesional hasta el puesto que ocupa en la actualidad.
Respuesta: Comienza ligada trabajando en el ámbito del “proceso comercial” de facturación y cobro a clientes finales. Tras unos años en funciones de Dirección en una empresa participada, accedí a la Gerencia de la filial responsable del proceso de distribución de agua, la Subdirección de Relaciones con Clientes del propio CABB (retomando en cierto modo a esos orígenes en cuanto a los procesos comerciales respecto a los que resultas responsable) y, la Dirección Comercial y de Gestión de Calidad.
P.- ¿Cómo definiría la política de precios del agua en España?
R.- Básica. Regulada muy básicamente en la Ley de Aguas correspondiente, en base a la transposición de la Directiva Europea.
P.- ¿Qué le parece el marco competencial?
R.- Ha quedado obsoleto. Las competencias son municipales. Así están definidas desde épocas en las que el objetivo era abastecer de agua corriente potabilizada. Obligación que se asigna a los ayuntamientos. Pero las exigencias de la ciudadanía es obvio que ya no son las mismas. Hoy día resultaría incomprensible que en los entornos urbanos hubiese desabastecimiento, que el suministro de agua estuviera limitado a determinados tramos horarios o que se viese afectado de una forma significativa por falta de presión en los momentos en los que más alto es el consumo.
Para cumplir con las exigencias de la legislación, en cuanto a garantía de calidad del agua abastecida, garantía de continuidad en el suministro sin interrupciones y en la cantidad que sea demandada en cada momento, y/o realizar el saneamiento de las aguas residuales para devolverlas en condiciones adecuadas a los cauces, resulta necesario que los ayuntamientos se agrupen en instituciones más grandes que organicen, planifiquen y ejecuten la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento para el conjunto de los entes que conformen dicha agrupación.
Resultaría técnica y económicamente imposible que, de forma individualizada, cada ayuntamiento tuviera que acometer las inversiones y los gastos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, en los estándares de calidad que son exigidos en la legislación vigente y de la que pudiera derivarse de las instituciones de la Unión Europea.
En un entorno de gestión del agua cada vez más tecnificado y exigente, las necesidades de disponer de abundantes medios económicos y personal cualificado para llevarlo a cabo obliga a una dimensión de mayor escala sin la cual las tarifas se volverían inasumibles para los ciudadanos. El nuevo escenario requieren de gestores muy profesionalizados, alejados del voluntarismo con el que se ha gestionado el ciclo del agua urbana en épocas anteriores.
Hoy día resultaría incomprensible que en los entornos urbanos hubiese desabastecimiento
P.- ¿Debería haber una legislación nacional que los regule?
R.- Obviamente existe una regulación. Aunque básica, sí está establecido, por ejemplo, el hecho de que debe recuperarse la totalidad de los costes mediante los precios o tarifas a cobrar; así como regulado también los procedimientos que deben seguirse para que cada Administración apruebe los precios y realice las modificaciones que procedan en sus ordenanzas fiscales.
¿Podría regularse más? Si por mayor regulación, entendemos que pudieran fijarse unos precios máximos o de referencia, sin atender a las especificidades de cada sistema de abastecimiento y/o saneamiento, sería del todo inadecuado. No resulta nada sencillo determinar cuál debe ser el precio a pagar por el servicio que se recibe en el ámbito del ciclo integral del agua. Podría quizá, concretarse más cómo procedería realizar el cálculo.
El problema es que cada sistema de abastecimiento y saneamiento está sometido a diferentes condicionantes, como pueden ser la orografía, disposición próxima o lejana de fuente de agua, alternativas a dichas fuentes, volumen total de agua consumida y grado de concentración geográfica de la población, lo que afecta al proceso de distribución, etc… En consecuencia, no es factible ni adecuada la idea de que, el precio del agua no debe ser superior a X o a Y. Ni asociar costes más altos a un menor grado de eficiencia en la gestión.
P.- ¿Qué aspectos se incluyen en la factura del agua?
R.- En principio, todas las tasas asociadas a la prestación de la gestión del ciclo integral del agua. Del servicio de abastecimiento y de saneamiento. No obstante, pueden existir diversas facturas del agua, porque no todos los procesos o subprocesos necesarios para realizar la gestión del ciclo integral están siendo ejecutados y son responsabilidad de la misma entidad.
Y en este sentido, a nivel del conjunto del Estado, resulta verdaderamente difícil y costoso realizar una detallada comparativa de los diferentes precios existentes por los servicios de abastecimiento y saneamiento. En cada región, el ciclo integral del agua queda bajo la responsabilidad –de forma muy clara si incluimos la responsabilidad de ejecutar inversiones, sea por nuevas instalaciones o por reposición de la infraestructura existente– de diferentes entidades y, no siempre el principal operador del servicio de abastecimiento y saneamiento, aquel que nos remite la factura del agua, tiene responsabilidad y/o competencia en el conjunto del ciclo integral y, en consecuencia, no incluye en dicha factura todos los costes asociados al mismo.
Un análisis correcto exige entrar a conocer y detallar qué incluye el precio del concepto agua (captación, potabilización, distribución, costes “comerciales” asociados a la toma de lectura y gestión del parque de contadores, inversiones a efectuar o coste de amortización asociado a las mismas, etc…) y qué en el saneamiento (recogida de aguas fecales, transporte, depuración, vertido al medio, proceso para reutilización, costes de inversión, etc…). Y en la “factura del agua” deberían incluirse todos esos aspectos.
P.- ¿Debe recuperarse la totalidad de los costes asociados a los servicios?
R.- No parece una cuestión “opinable”, ya que está recogida en la legislación.
P.- ¿Cuál cree que es la estructura tarifaria más eficiente?
R.- Considerando el principio, legalmente establecido de “quien más consume más paga” y “quien más contamina más paga” y, el objetivo ambiental de minimizar la detracción del recurso escaso, así como su devolución en las condiciones adecuadas a la naturaleza, la tarifa o el precio, debería tener un alto componente variable (lo que significa que el peso de la parte fija sería pequeño) y progresivo, que penalizara los consumos altos y la mayor carga contaminante. Así y con esos objetivos están aprobadas la mayoría de las tarifas; tratando de lograr esa eficiencia en la reducción del consumo no estrictamente necesario.
No obstante, a quienes trabajamos en el sector, no se nos escapa que resulta un tanto ineficiente en el objetivo de lograr la traslación de la totalidad de los costes del servicio de abastecimiento y saneamiento. La mayoría de los costes asociados a la gestión del ciclo integral del agua son fijos y no variables en función del volumen de agua producido y/o saneado. Sería mucho más sencillo y cómodo definir una tarifa con un alto componente fijo, para garantizar la recuperación de costes.
En cualquier caso, actualmente tiene mucha mayor importancia la gestión ambiental y, las tarifas están habitualmente definidas como variables al consumo y con una progresividad que busca reducir los volúmenes de agua detraídos de la naturaleza.
P.- ¿Qué opinión le merecen los cánones autonómicos de depuración? ¿Cree que cumplen el objetivo finalista con el que se plantearon?
R.- No es un tema sobre el que tengamos competencia, pero entendemos que el dinero que pueda recaudarse a través de estos cánones debiera revertir siempre en la mejora de los sistemas de saneamiento, esto es, el dinero del agua para el agua. Lo que se recaude tiene que ir a mejorar los sistemas de saneamiento o las redes de alcantarillado, así como otras infraestructuras asociadas, o destinarse a la mejora del medio receptor, a la recuperación de cauces, acuíferos o masas de agua. Esta debiera ser, en nuestra opinión, la máxima que rija el establecimiento de un canon de depuración.
P.- ¿A qué se deben la diferencia tarifaria en las Comunidades Autónomas?
R.- El primer factor que habría que considerar es en qué grado se están trasladando realmente a las tarifas o precios, el total de costes de proceso, incluyendo las inversiones que resulta necesario efectuar ¿en todos los consumidores por igual? Supongamos que sí, o que vía tarifas/precios, se cobra el 100 % de los costes asociados al abastecimiento y saneamiento.
Siendo eso así, hay que considerar también que los precios de la economía en general no son los mismos. De la misma forma que 1 kilo de manzanas no cuesta lo mismo en toda España, tampoco los suministros o la hora de trabajo. Es decir, que el precio de los factores es diferente.
Pero, el asunto de mayor incidencia de todos lo he mencionado ya, y es que no todos los sistemas de abastecimiento y/o saneamiento, están sometidos a las mismas dificultades y condicionantes. No es lo mismo abastecer zonas orográficamente dificultosas; lo que explicaría la necesidad de hacer uso de una mayor cantidad de factores (horas de trabajo, consumo energético, mantenimiento de bombeos, etc…,) ni tampoco zonas extensas con baja densidad de población o poco volumen consumido por cliente, ya que no permite el aprovechamiento de economías de escala y, los grandes costes fijos que hay que asumir para garantizar el servicio en cantidad, calidad y continuidad, deben ser asumidos en una cantidad reducida de volumen de agua suministrado y saneado.
Este es el asunto que mejor explica por qué los costes y, en consecuencia, los precios no son los mismos. Y es un factor del que, quizá, quienes no pertenecen o están relativamente alejados del sector, no son conscientes.
La tarifa o el precio, debería tener un alto componente variable y progresivo, que penalizara los consumos altos y la mayor carga contaminante
P.- Respecto a Europa, ¿cómo valora el precio del agua en España en comparación con el resto de países?
R.- Desde luego que hay países europeos que tienen precios muy superiores. Y que no se explican por diferenciar en el nivel de precios general de la economía, diferencias en los salarios, etc. Son casos en los que la traslación al precio del agua de todos los costes, incluidos ambientales y de inversión, que hay que asumir para garantizar la calidad del servicio de abastecimiento (disposición de agua en cantidad y calidad) y saneamiento, es mucho más clara que en el Estado. Y, de ahí, que los precios sean sensiblemente superiores.
En consecuencia, debemos ser conscientes de que el precio del agua va a subir. Debe subir, para el cumplimento de lo que marca la legislación vigente realizando una correcta traslación de todos los costes asociados al abastecimiento y saneamiento. Y subirá también, porque a medio plazo es altamente probable que las exigencias en materia de abastecimiento y de saneamiento van a ser mucho mayores y requerirá asumir mayores costes (bien operativos o bien de inversión) que debemos trasladar a la tarifa.
P.- Finalmente, ¿cree que la sociedad está concienciada sobre su consumo de agua y el coste real del mismo?
R.- No. No al menos en relación a las dos preguntas. En cierto modo, parecería que hay en la sociedad dos percepciones un tanto incoherentes entre sí. Por un lado, la ciudadanía suele reconocerse a sí misma, como altamente preocupada en el cuidado del medio ambiente y realizar un consumo responsable de los recursos finitos de nuestro planeta. Pero, por otro, existe la duda permanente sobre por qué se cobran los precios que se cobran.
Y, en este sentido, resulta necesario aclarar un par de aspectos: Primero, que el precio que se cobra por el ciclo integral del agua no resulta significativo en relación a la renta disponible, aunque la actualización de dicho precio esté permanentemente cuestionada, casi con carácter inquisitorial. Es decir, que el abastecimiento y saneamiento es, hoy por hoy, un servicio “barato”.
Y segundo, que dicho precio o el coste que lo determina, está asociado a garantizar, cuando cada uno de los ciudadanos lo desee, la calidad del servicio, en términos de cantidad de agua y calidad de la misma; por lo que resultan necesarias grandes inversiones y grandes gastos en el servicio de mantenimiento. ¿Existe conciencia de ello? Aparentemente no. Y quizá debamos hacer más esfuerzos en comunicación, para sensibilizar e informar en esta materia.
