El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro Castro, reiteró su apertura al análisis y al diálogo con el sector empresarial e industrial del país con el fin de llegar a un consenso en cuanto a la alternativa del Cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR) que mejor se ajuste a ellos y que, de igual manera, permita a la Autoridad cumplir con sus obligaciones contractuales.
“Desde que anunciamos, el 1ro de febrero, el proceso de análisis para el ajuste tarifario lo hemos hecho con total apertura y transparencia. Nuestras finanzas han estado disponibles para el escrutinio de los diferentes grupos empresariales. Les dimos participación desde el comienzo, cuando el gobernador nombró el Comité Multisectorial integrado por las principales organizaciones empresariales del país. Desde entonces, nos hemos reunido cerca de una docena de ocasiones tanto a nivel grupal como individual. No obstante, seguimos a la disposición de ellos para volver a sentarnos a la mesa y discutir las alternativas que proponen”, afirmó el presidente ejecutivo.
A lo largo del proceso se han desarrollado 14 alternativas y modelos económicos.
El ingeniero Lázaro Castro detalló que a lo largo del proceso se han desarrollado 14 alternativas y modelos económicos, que se presentaron a las organizaciones y que incluyeron sus principales reclamos y preocupaciones.
Además, el presidente ejecutivo de la AAA recordó a los grupos empresariales que, conforme a la Ley 21, tienen hasta el 30 de este mes para presentar al oficial examinador independiente, Esteban Mujica Cotto, nuevas alternativas que recojan sus preocupaciones adicionales y que también permita a la AAA cumplir con sus responsabilidades. Como por ejemplo, mencionó el cumplimiento con los proyectos requeridos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) así como las obligaciones financieras con los bonistas en los plazos acordados.
Asimismo, la AAA continúa un programa agresivo para mejorar su eficiencia y la rendición de cuentas al país. Esto incluye reparaciones en la infraestructura, mejoras en la fase de cobro, ahorros en la eliminación de contratos y tiempo extra, así como disminución en la perdida de agua no facturada.
“Estamos conscientes de que este es un proceso difícil, que requiere que todos actuemos con objetividad pero, sobre todo, mirando hacia el futuro. Puerto Rico merece una mejor AAA y nosotros no podemos aspirar a menos que eso. Estamos decididos y enfocados a que esta sea la corporación más eficiente y transparente del país”, declaró el presidente de la Autoridad.
La ley 21, para la revisión y modificación de tarifas, establece un tiempo límite para someter recomendaciones al Oficial Examinador Independiente, luego de concluido el proceso de vistas públicas que se celebró el pasado 19 y 20 de octubre. Después de haber presentado el informe, la ley establece un periodo de 10 días para comentarios ante la consideración de la Junta de Gobierno de la AAA.
La nueva estructura tarifaria fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Autoridad el pasado 3 de julio, luego de una primera ronda de vistas públicas, y entró en vigor el 15 de julio. Posteriormente, se realizó otro proceso de vistas públicas para atender las preocupaciones y evaluar nuevas alternativas para la tarifa comercial e industrial ante las objeciones recibidas por el CCAR.
