El portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez, se ha reunido con los representantes de las empresas del ciclo integral urbano del agua de la provincia de Cádiz, miembros de la propia Asociación- Chiclana Natural, Aguas de Cádiz, Aqualia, Apemsa, Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, Argisa, entre otras- donde les ha informado de la situación de los proyectos de depuración contemplados en la Ley de Aguas para la provincia y de los proyectos de I+D+i desarrollados por la Asociación.
Por su parte, las empresas del ciclo integral del agua de la provincia de Cádiz denunciaron la situación tan precaria en la que se encuentran las instalaciones que conforman el abastecimiento de agua potable en alta a la denominada “Zona Gaditana”, servicio público que fue transferido por la extinta Agencia Andaluza del Agua a los municipios que integran dicha zona en el año 2008. Previamente a dicha transferencia, se firmó un Protocolo en el año 2005, en el que la Junta de Andalucía se comprometía a ejecutar una serie de obras ya reflejadas como necesarias y de interés general en el antiguo Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate. “Las pocas obras de ese compromiso que han sido adjudicadas desde que se firmó el Protocolo están sin empezar o paralizadas y sin fechas marcadas para su reanudación o terminación”, afirmaron fuentes del sector del agua en Cádiz.
Los municipios consorciados manifestaron que, aunque todas estas obras adjudicadas y que consisten en la realización de nuevos ramales y ejecución de depósitos que aumentan la capacidad de regulación, “son fundamentales para este servicio público de agua potable en alta, nos preocupa más la falta de actuación en la aducción del Embalse de Hurones, así como en las grandes arterias e instalaciones de impulsión o de potabilización que no tienen alternativas de funcionamiento, y que, por su antigüedad, superior a los 50 años, pueden sufrir en cualquier momento un colapso que lleve consigo una falta de suministro de agua potable, durante un largo periodo de tiempo, a gran parte de la provincia”, advirtieron.
Si bien los municipios consorciados pueden comprender que la situación de crisis económica en la que nos encontramos inmersos no permita actualmente realizar todas las inversiones precisas, sin embargo, no llegan a entender “que no se instrumenten los medios necesarios para resolver problemas de gestión ni se convoquen, desde hace mas de dos años, aquellos órganos reconocidos por la legalidad vigente, como son la Comisión del Agua, la Comisión del Trasvase Guadiaro-Majaceite o la propia Comisión Mixta para la Ejecución de la Transferencia”, afirmaron.
