La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (ASA) de Andalucía, en la que se integran las principales empresas del sector del agua en la provincia de Córdoba --Emacsa y Emproacsa, entre otras-- ha manifestado su apoyo a la moción conjunta de todos los grupos políticos y que fue aprobada por unanimidad por el Pleno la Diputación de Córdoba para "apremiar" a la Junta de Andalucía a "la construcción de las depuradoras de aguas residuales".
A este respecto, el portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez, ha recordado que "llevamos cerca de diez años desde la firma del convenio, entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, para mejorar la gestión del saneamiento y depuración de las aguas residuales de uso urbano en la provincia, que afecta actualmente a 43 municipios".
A pesar del tiempo transcurrido, aún "son 13 las depuradoras pendientes y recogidas como Infraestructuras Hidráulicas de Interés de la Comunidad, por acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha del 26 de octubre de 2010", según ha subrayado. Se programaron entonces para Córdoba 27 actuaciones, entre ellas las 13 depuradoras pendientes para la provincia, con una inversión de 106,6 millones de euros y un empleo asociado de 1.700 puestos de trabajo.
En este punto Antonio Jiménez ha criticado que se esté "cayendo en una paradoja ya que, por un lado, los ciudadanos están pagando en sus facturas del agua un canon para la construcción de estas infraestructuras hidráulicas y, por otro lado, se está sancionando a los ayuntamientos por los vertidos, ya que no cuentan con estas instalaciones porque quien debe construirlas no lo hace".
En opinión de ASA-Andalucía, "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) está sancionando a los ayuntamientos por verter sin depurar, cuando los entes locales no son los responsables, ya que en su día delegaron sus competencias a través de convenios firmados con la Diputación de Córdoba para la construcción y puesta en marcha de estas infraestructuras".
Es por ello que ASA-Andalucía apoya la moción de la Diputación e insta igualmente a la Junta de Andalucía "al cumplimiento del convenio aprobado en 2004 para la construcción de las depuradoras pendientes y que se defina un calendario de ejecución de las depuradoras no construidas, además de una solución para suspender las actuaciones sancionadoras por vertidos contra los ayuntamientos, al no ser responsables de su construcción y puesta en funcionamiento".
