El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha criticado que cuatro años después de haber sido aprobada la nueva ley andaluza para la gestión del agua y de haberse implantado el canon de inversiones no se hayan licitado nuevas obras para la depuración de aguas en la red de la capital y el área metropolitana.
Puentedura afirma que en estos cuatro años se han recaudado alrededor de 28 millones de euros, sin embargo ni la Junta ni los municipios "han licitado las obras suficientes de depuración para evitar el vertido de aguas sin depurar".
En Granada y su área metropolitana estas inversiones estaban cifradas en más de 100 millones de euros. De hecho en 2006, a través de un decreto que fue fruto del acuerdo entre la Junta y los ayuntamientos, se señalaron cuáles eran las obras y las inversiones prioritarias "y se establecían unos compromisos de financiación por los que la administración autonómica pagaba el 60 por ciento y los municipios el resto".
Sin embargo, este acuerdo "nunca se llegó a cumplir y por este motivo se implantó un canon de inversiones que ha supuesto una media de dos a tres euros por recibo doméstico", ha relatado.
Según un estudio realizado por la organización de izquierdas en el ámbito de gestión de Emasagra, "la cuantía recaudada en estos cuatro años asciende a unos 28 millones de euros", unos 7 millones por año, de los que la mitad corresponde a la ciudad de Granada y el resto a los otros 12 municipios donde esta empresa es responsable en la gestión del agua".
Los ayuntamientos, directamente o a través de las empresas u organismos de gestión del agua, son los responsables de recaudar este canon y la Junta "es quien teóricamente recibe este dinero", motivo por el que IU reclama explicaciones a estas administraciones sobre cuándo se prevé licitar los colectores y estaciones de depuración necesarias para que el ciclo integral del agua sea una realidad.
En este sentido advierte de que, en virtud de la directiva europea que regula el Ciclo Integral del Agua, "todos los ayuntamientos están obligados a que las aguas que se vierten a la red de saneamiento y alcantarillado estén convenientemente depuradas", lo que está motivando "numerosas investigaciones de la Comisión Europea a municipios andaluces, entre ellos también de la provincia de Granada".
