La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) presentará este miércoles al Justicia, Fernando García Vicente, cerca de 400 quejas ciudadanas contra el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma. La entidad ha trasladado la información de que dispone a la Fiscalía por considerar que hay "múltiples indicios de hechos que pudieran ser constitutivos de delito".
La Red acompaña las quejas ciudadanas de una detallada memoria sobre el Plan, en el que critica "la opción por un injustificado sistema privatizador sin valorar en ningún caso otras opciones", y "la aplicación en todos los casos de tipologías de depuradoras convencionales desaconsejadas por el Ministerio de Medio Ambiente para núcleos de población pequeños".
La Red acompaña las quejas ciudadanas de una detallada memoria sobre el Plan
También ha rechazado "el sobredimensionamiento de las depuradoras, construyendo instalaciones de costosa construcción y mantenimiento muy superiores a las necesarias, o el desvío a otros fines de las subvenciones recibidas del Gobierno del Estado", todo lo cual "ha conducido al colapso financiero del Plan de Depuración y a un grave conflicto social en un marco de falta de diálogo, opacidad y autoritarismo por parte del Instituto Aragonés del Agua".
En opinión de la RAPA es "injustificable" que el coste medio por metro cúbico depurado que ofrece el Plan sea de 1,45 euros por metro cúbico, cuando en la depuradora de La Almozara, de gestión pública, es de 0,093 euros por metro cúbico, casi 16 veces menos.
"Incumplimientos"
Según esta Red, "se ha marginado" a los ayuntamientos "completamente" en la toma de decisiones en relación al Plan, "en tanto se les obliga a cobrar a sus vecinos el abusivo canon de saneamiento o Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas con el que se garantiza el beneficio empresarial, un impuesto que ha crecido desde 2005 a una media del 16 por ciento anual".
Pero además, como recoge la memoria que se entregará al Justicia, "se han incumplido sistemáticamente diversas directivas europeas" relativas a la evaluación ambiental, derecho de aguas, estudios obligatorios de alternativas de costes y exigencias legales de transparencia y participación ciudadana.
Todas estas razones llevan a la RAPA a pedir que se realice una auditoría económica-financiera del Plan y "una revisión profunda" abierta a la participación municipal y ciudadana.
Por todo ello, la RAPA ha solicitado al Justicia que colabore en la investigación de "las graves irregularidades e injusticias cometidas" en la aplicación de este Plan de Saneamiento, que exija una "total transparencia" del Gobierno de Aragón en la gestión del Plan de Depuración y que "ampare a los ayuntamientos injustamente tratados en este conflicto".
