La Diputación de Orense recurrirá en el juzgado si Hacienda resuelve reclamar 10 millones de euros de fondos europeos para depuradoras

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El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar Blanco, recurrirá en el juzgado si el Ministerio de Hacienda resuelve reclamar los 10 millones de euros de fondos europeos invertidos en la instalación de algo más de cien depuradoras en pequeños ayuntamientos de la provincia, siguiendo un proyecto cuya gestión fue investigada por la Oficina europea de Lucha Antifraude (OLAF).

Baltar ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la posible devolución de ese dinero, tras presentar alegaciones al expediente abierto por el ministerio de Hacienda a instancias de la Comisión Europea, y ha detallado que no tiene ninguna notificación al respecto.

"Enviamos las alegaciones pertinentes y, después de que se abriese el tema en el juzgado de Ourense -por denuncia de la oposición de la Diputación-, pedimos al ministerio que paralizase el expediente y su resolución a expensas de lo que ocurra por vía judicial", ha detallado.

Ha añadido que si finalmente el Ministerio de Hacienda "obliga a la devolución", la Diputación "luchará por defender los intereses de la provincia y recurrirá esa decisión en el juzgado".

Declaran en el Juzgado

La contratación, por parte de la Diputación, de los suministros y asistencias técnicas relacionados con las depuradoras instaladas según los proyectos europeos Daredo y Deputrans, ocurrió en los años 2003 y 2004 por lo que podría haber prescrito, según alegó la Diputación ante el Ministerio de Hacienda, y fue investigada por la OLAF.

Tras la investigación y las recomendaciones de la OLAF, incluida la detección de "indicios de posibles ilícitos penales", los grupos de la oposición en la Diputación acudieron al juzgado con toda la documentación de la oficina europea y denunciaron la gestión de la instalación y control de las depuradoras. También el Ministerio de Hacienda entregó toda la documentación a la Fiscalía General del Estado.

En Ourense, el juzgado de instrucción número 2, cuyo titular es Antonio Piña, inició la investigación y tomó declaración como imputado al funcionario de la Diputación jefe del servicio de aguas Javier B.

Están previstas más declaraciones el día 13 de junio, como testigos, de dos de los empresarios que concurrieron a la adjudicación de las depuradoras y otro funcionario responsable de proyectos europeos en la Diputación en los años en que se adjudicaron los proyectos, con José Luis Baltar como presidente de la institución.

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