El Ministerio de Hacienda ha reclamado a la Diputación de Ourense el reintegro de los 10,12 millones de euros procedentes de fondos europeos recibidos para la instalación de un centenar de depuradoras en pequeños pueblos del rural de la provincia, ya que ha desestimado las alegaciones de la institución.
El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, compareció ante los medios de comunicación en aras de "la transparencia y de compartir absolutamente toda la información" y detalló que la notificación del acuerdo del ministerio cuenta con registro de entrada en la Diputación desde la mañana de este lunes.
Los fondos que deberá reintegrar corresponden a los proyectos europeos, según detalló, Daredo, del que son 8,8 millones, y Deputrans, por el que deberá reintegrar otros 1,24 millones. Anunció que recurrirá el acuerdo del ministerio por vía judicial, ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "para hacer valer las mismas alegaciones formales y de fondo que se plantearon al ministerio", agregó.
Baltar ya había anunciado que tomaría todas las medidas posibles para evitar el reintegro de los 10,12 millones de euros
La resolución del ministerio pone fin a la vía administrativa iniciada el 16 de septiembre de 2013, según indica el propio escrito al que tuvo acceso Europa Press, tras la apertura del expediente de reintegro a instancias de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), que en un informe recoge una auditoría de los proyectos, a cargo de una empresa especializada de Valencia.
Todas las medidas
La propia resolución de Hacienda detalla las posibilidades de presentar un recurso de reposición o, alternativamente, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un plazo de dos meses desde la notificación del escrito ministerial.
Baltar ya había anunciado que tomaría todas las medidas posibles para evitar el reintegro de los 10,12 millones de euros, incluso por vía judicial, y en su comparecencia de este lunes, se reafirmó en que presentará ese recurso previsto en la resolución administrativa.
"Reiteraremos la alegación formal de posible prescripción y los argumentos de fondo", dijo en relación al recurso ante el TSJM, y añadió que pedirá al ministerio la suspensión de la tramitación para la devolución "hasta que el juzgado de instrucción de Ourense resuelva la investigación que inició tras la denuncia presentada por los partidos de la oposición por este mismo tema".
Los mismos planteamientos, según Baltar, se hicieron ante el Ministerio de Hacienda, pero éste "no hizo caso", así que ahora lo intentará de nuevo por vía judicial. "Esperemos que el TSJM no haga lo que hizo el ministerio, que fue ratificar el dictamen de la Olaf sin aceptar abrir un nuevo procedimiento de prueba para explicar cuestiones que la oficina europea no fue capaz de ver", añadió.
Puede pagar
Baltar respondió a preguntas sobre la forma de pago de los diez millones de euros y aludió a una reducción progresiva de deuda de la Diputación que ahora permitiría tener una situación de Tesorería "que hace asumible este pago", pero detalló que pedirá, si llega el caso de pagar, que una parte se compense con la deuda que el Estado mantiene con la institución provincial.
"El Estado no transfirió todavía a la Diputación unos 6,3 millones de euros para actuaciones de carácter comunitario, adelantados por la institución provincial, así que presentaremos una petición de compensación con ese dinero y el resto está por decidir cómo se pagará", agregó.
Según Baltar, el pago puede hacerse directamente, a través de alguna operación de tesorería o tras negociar un pago fraccionado con Hacienda. "Iremos viendo cómo evoluciona todo, pero en todo caso, tenemos capacidad para afrontar el pago y tan sólo podría afectar a algún proyecto extraordinario que comenzábamos a pensar para el presupuesto del año 2015", ha explicado.
Irregularidades
El acuerdo de Hacienda, dado a conocer por la Diputación, alude al informe de la Olaf de 2013, iniciado tras una denuncia presentada en 2010 en relación a los proyectos Daredo y Deputrans, con los que la Diputación lideró -en el primer caso- y fue socia -en el segundo- de sendos programas de instalación de depuradoras en núcleos rurales en el caso de Daredo, y de cuencas de los ríos transfronterizos entre Ourense y Portugal -en el caso de Deputrans-.
El ministerio desestimó las alegaciones presentadas por la Diputación tras detallar, en ocho folios, las irregularidades en la compra de las depuradoras en un proceso de contratación pública y en los procedimientos seguidos para contratar asistencias técnicas para redactar los pliegos técnicos, los proyectos de obra civil y la dirección técnica de las obras de instalación. Esas irregularidades llevaron a la Comisión Europea a pedir al Estado español una "corrección financiera" para declarar el cierre del programa europeo Interreg III España-Portugal.
El organismo encargado de aplicar la corrección es la Dirección General de Fondos Comunitarios, como órgano gestor del Feder, y a él le corresponde "la recuperación de los importes considerados no subvencionables, dictando el correspondiente acuerdo de reintegro", comunicado a la Diputación de Ourense.
