El Gobierno de Murcia negocia en los tribunales con ACS para demorar el pago de los 600 millones de euros que la empresa reclama por el incumplimiento del contrato de la desaladora de Escombreras.
Así lo indicó el diputado del PP Alberto Garre, que espera "que se llegue a un acuerdo y que esa cifra se demore en el tiempo" durante su intervención ante una moción presentada por el PSOE para pedir que una comisión especial de investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora de Escombreras.
Esa reclamación contempla el abono de la deuda, la rescisión del contrato y el pago adelantado de todas las rentas futuras por 600 millones de euros
"Esta iniciativa no tiene razonamiento porque piden que se cree una comisión cuando aún no ha comparecido el consejero regional del ramo y tendría que ser al revés", ha indicado el 'popular' en la asamblea autonómica.
Tras escuchar la intervención del Grupo Parlamentario Popular, los socialistas han manifestado su voluntad de retirar la iniciativa y escuchar primero al consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en la Asamblea Regional.
De esta forma, PP, PSOE e IU, han aprobado por unanimidad una moción conjunta para instar a Cerdá a comparecer en la Asamblea para explicar todo lo referente a la desaladora de Escombreras.
Durante el debate parlamentario el socialista, Manuel Soler, ha explicado que la planta desalinizadora fue construida por encargo de la Comunidad Autónoma "para disponer del agua propia y necesaria para su desarrollo de determinadas urbanizaciones en la Región".
A su vez, la Comunidad Autónoma encargó a la empresa Hydro-Management la construcción de una planta desalinizadora situada en Escombreras, que una vez finalizada, fue arrendada a la empresa pública Desaladora de Escombreras.
Este contrato de arrendamiento con opción a compra se firmó por un periodo de 25 años a computar desde la entrega de las instalaciones. La primera cuota a pagar sería en el año 2009 y la última en 2034 y con el pago de esta última, la planta quedará en propiedad de la Comunidad.
El conflicto surgió cuando la empresa Hydro Management, constructora de la planta desalinizadora de Escombreras presentó una reclamación judicial contra la sociedad pública desaladora de Escombreras por el impago de los recibos correspondientes al contrato de arrendamiento con opción a compra de dicha planta.
Esa reclamación judicial contempla el abono de la deuda, la rescisión del contrato y el pago adelantado de todas las rentas futuras por 600 millones de euros, que son los que actualmente negocia la Comunidad con ACS para que se puedan abonar conforme estaba previsto, hasta el año 2034.
La Comunidad Autónoma también tiene otra reclamación con la empresa Tedagua
No obstante, el socialista Manuel Soler ha recordado que la Comunidad Autónoma también tiene otra reclamación con la empresa Tedagua, que reclama el pago de las facturas vencidas más las que se vayan produciendo por la prestación de sus servicios, por un importe de 12 millones de euros.
La planta está diseñada con una capacidad de producción de agua potable de 63.000 metros cúbicos al día y, según los socialistas "para que sea rentable ha de producir y vender 50 hectómetros cúbicos y desde que está funcionando no supera los 3 hectómetros cúbicos".
Aunque el PSOE e IU-Verdes se mantienen en contra de la necesidad de la desalinizadora de Escombreras, han apoyado la moción conjunta para que comparezca el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y explique en la Cámara la situación de la planta.
