Xavier de Pedro, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha mantenido esta mañana, en la sede del Organismo, en Zaragoza, una reunión con José Manuel Penella, secretario general de la Unión de Agricultores de Aragón (UAGA-Aragón) y José Fernando Luna, presidente de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Huesca (ASAJA Huesca), en la que ha confirmado que no se repercutirá en los usuarios de las infraestructuras el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se gira a los Ayuntamientos por las presas de titularidad estatal.
Ante la preocupación mostrada por los usuarios, el presidente ha querido tratar este asunto ya que el MAGRAMA está buscando soluciones que incluyen la posibilidad de solicitar un crédito extraordinario para que el Estado, como titular de las infraestructuras, siga asumiendo, como ha hecho hasta el momento, el pago de este impuesto. Con esta decisión se evita que se produzca un agravio comparativo entre comunidades de usuarios por las diferencias que existen entre los impuestos en las diferentes subcuencas.
No se repercutirá en los usuarios de las infraestructuras el pago del IBI que se gira a los Ayuntamientos por las presas de titularidad estatal
La reunión de hoy había sido solicitada por las propias organizaciones agrarias para conocer de primera mano el avance del procedimiento abierto por el Organismo para reclamar la reserva de energía reconocida entre las cláusulas concesionales de algunos saltos hidroeléctricos en la Cuenca y que supondrá disponer de energía a bajo coste.
Energía reservada
De Pedro ha recordado que esta medida asumida por el Organismo busca el beneficio para la gestión pública del agua, en general para toda la Cuenca, a través de las Comunidades de Usuarios, como entidades de derecho público para la gestión descentralizada del agua y nunca con finalidades de usos privados.
La reserva supondrá disponer de energía a bajo coste que, en todo caso, debe destinarse a fines de servicio público de gestión del agua, donde se incluiría la elevación de caudales o bombeos para el regadío. Por ello, recientemente el presidente de la Confederación mantuvo un encuentro con la Federación de Regantes del Ebro (FEREBRO) para solicitar la información de los consumos energéticos en el regadío, lo que permitirá analizar los destinos de la reserva. Las comunidades de regantes son en número la parte más importante de los usuarios de la Cuenca y por ello, son beneficiarios potenciales de este proceso porque son entidades de derecho público.
Junto con la posibilidad de recibir por parte de las empresas energéticas la reserva para su consumo, también existe otra vía que es la de destinarla al mercado energético o recibir un pago por equivalente de las propias empresas para recuperar esa energía. En estos casos, los rendimientos se destinarían a los objetivos recogidos en el proyecto del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro, donde se fija que, tanto estos beneficios, como los de saltos hidroeléctricos revertidos a la Confederación, irán al desarrollo de los territorios que los generan, a la restauración ambiental, a la eficiencia y modernización de regadíos y a las necesidades energéticas del Organismo.
Actualmente el procedimiento para reclamar la energía reservada a las empresas del sector energético se encuentra en su primera fase, en la que se ha requerido a las titulares de los saltos que remitan información sobre su producción, lo que permitirá calcular cuál sería la reserva en cada caso. El plazo para enviar los datos todavía está abierto y se prolonga en algunos casos hasta el día 20 de noviembre y en otros hasta el 26.
La energía reservada es un derecho de adquisición preferente para el Estado y viene recogido entre las cláusulas concesionales de aprovechamientos relacionados con obras realizadas en los años de desarrollo de infraestructuras por parte del Instituto Nacional de Industria, principalmente los años 40 y 50 del pasado siglo. Esta reserva, referida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es reflejo de que esos aprovechamientos hidroeléctricos permiten un uso privado de un bien público, que es Dominio Público Hidráulico y se recogía, tanto en obras financiadas por el propio Estado, como en obras que no fueron ejecutadas por el Estado y en este caso se planteaba como una garantía de desarrollo.
