La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional recibió un informe completo sobre las acciones realizadas por distintas Carteras y empresas del Estado para contener, remediar e indemnizar a los afectados por el derrame de crudo, sucedido el pasado 31 de mayo luego de la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en el sector de El Reventador, provincia de Sucumbíos. Ese día un deslizamiento de tierra desplazó 80 metros de la tubería del SOTE, causando la ruptura del tubo y el derrame de 11.480 barriles de petróleo.
“Ya han transcurrido más de seis meses desde que ocurrió el derrame y queremos saber qué se hizo y qué falta por hacer”, preguntó el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri a Lorena Tapia, ministra del Ambiente; Augusto Espín, secretario Técnico del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos; Pedro Merizalde, ministro de Recursos Naturales No Renovables, y Marco Calvopiña, gerente de EP Petroecuador.
Las acciones de contingencia y remediación han avanzado de acuerdo a los plazos y metas planteadas
Según Augusto Espín, las acciones de contingencia y remediación han avanzado de acuerdo a los plazos y metas planteadas a tal punto que el crudo ya ha sido removido en su mayoría. Hasta diciembre se concluirán las labores de remoción del hidrocarburo restante en las piedras y en la vegetación de ribera.
El ministro Pedro Merizalde indicó que falta por remediar un 30% del total del área afectada, que incluye la limpieza manual de piedras y la maleza de las riberas de los ríos. Precisó que la tubería del Oleoducto Transecuatoriano recibe mantenimiento periódico, y aclaró que gracias a la tecnología que se usa, como el sistema Scada, se pudo controlar a tiempo el derrame de crudo.
Marco Calvopiña detalló las obras de limpieza y remediación realizadas con una inversión de 4,5 millones de dólares, entre las que se destacan: la contratación de una empresa que realice estudios geológicos y recomendaciones para evitar un suceso semejante en esa zona, la contratación de 394 personas para realizar labores de limpieza a lo largo de 221 km afectados por el derrame, el muestreo de agua, la distribución de agua potable y raciones alimenticias, así como la ejecución de un plan de salud comunitaria.
Uno de los puntos de mayor interés entre los asambleístas se refirió a la calidad de las aguas del Río Coca. Según Calvopiña, los muestreos realizados indican que el agua se encuentra bajo los parámetros normales. Sin embargo, a partir de este suceso de puso en funcionamiento una captación de agua emergente para la población de El Coca.
Uno de los puntos de mayor interés entre los asambleístas se refirió a la calidad de las aguas del Río Coca
Lorena Tapia aseguró que en estos casos “más allá de la sanción se trabaja por recuperar el ecosistema y precautelar la salud de los afectados”. En este caso, además de las acciones expuestas, el Ministerio del Ambiente se aseguró de que se pongan en práctica los lineamientos de la valoración del daño de manera técnica y objetiva. “Ahora las operadoras no pueden negociar ni los afectados pueden demandar de acuerdo a sus intereses”, aseguró Tapia.
La Comisión pudo conocer los montos de indemnización a los afectados directos por el derrame. Adicionalmente, la Ministra Tapia señaló que la Cartera de Ambiente ha solicitado que se monitoree la zona afectada por el derrame durante los próximos cuatro años.
Ante la inquietud de los asambleístas, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde, aseguró que todas las instalaciones de EP Petroecuador cuentan con los seguros del caso para cubrir eventos como este.
