Un Tribunal de Apelaciones de Ontario (Canadá) ha dictaminado a favor de la demanda de las comunidades indígenas ecuatorianas frente a la petrolera Chevron por contaminación ambiental en la Amazonía y ha añadido que Ecuador tiene el derecho y la competencia para ejecutar la sentencia que exige el pago de 9.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros).
"Después de todos estos años, los demandantes ecuatorianos merecen tener el reconocimiento y que la ejecución de la sentencia ecuatoriana --correspondiente al año 2011-- sea escuchada en una jurisdicción apropiada", recoge la sentencia de la Justicia canadiense, tal y como ha informado la agencia ecuatoriana de noticias ANDES.
El abogado de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, Pablo Fajardo, ha explicado que esta orden podría ayudar a "parar a Chevron" y "que no huya de la escena de sus crímenes ambientales en Ecuador". Otro de los abogados defensores de los afectados, Juan Pablo Sáenz, ha asegurado que se trata de "un logro importante".
Caso Chevron
El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.
La petrolera estadounidense, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medio ambiente y a la salud pública.
Chevron ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el cumplimiento del fallo de la Corte de Sucumbíos. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.
Por otro lado, en marzo de 2012 la petrolera estadounidense trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TAP) argumentando que Ecuador no ha respetado el tratado con Estados Unidos para la Protección de Inversiones, en el que renuncia a emprender acciones legales contra Chevron.
