La Ministra del Ambiente, Lorena Tapia, anunció en rueda de prensa que la Autoridad Nacional Ambiental cuenta con un plan para sancionar con prisión y multas a quienes arrojen basura en las riberas del Estero Salado. Este anuncio está amparado en el art. 607, literal ‘d’ del Código Penal que señala que “será sancionada con prisión de cinco a siete días, y multa de $44 a $88, todo aquel que arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito”.
En su intervención, Tapia informó sobre las sanciones que serán aplicadas: “a partir de hoy, las personas que boten desechos al Estero Salado serán detenidas, previo al informe técnico del Ministerio del Ambiente, el infractor será socializado sobre la infracción que ha cometido y llevado al centro de salud para una valoración médica. Este documento determinará las condiciones de la sanción; prisión de 5 a 7 días y una multa de hasta 80 dólares”.
Para controlar estas acciones indebidas, se realizarán permanentes recorridos de vigilancia y control en las riberas de los ramales interiores del Estero Salado, Del Muerto, Puerto Lisa, Mogollón, Palanqueado y Las Ranas, en comunidades como: La Isla Trinitaria, Las Malvinas, Cristo del Consuelo, Suburbio oeste (Puerto Lisa, La Chala, Cisnes I y II, Batallón del Suburbio, entre otros). Este trabajo lo realizarán los técnicos del Proyecto Guayaquil Ecológico, técnicos de la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas (DPAG) y personal de resguardo de la Policía Nacional.
Por su parte el Gobernador del Guayas, Rolando Panchana, invitó a la ciudadanía a denunciar estos casos de contaminación, con amparo en la normativa ambiental. Además el pasado viernes se realizó una capacitación a los miembros de la Policía Nacional para informar sobre la competencia de cada institución y el trabajo que deben realizar.
La Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, a través del Proyecto Guayaquil Ecológico ha realizado la instalación de 45 vallas informativas para comunicar a la comunidad la imposición de multas y sanciones.
