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"La política de precios de los servicios de agua urbana en España es equivocada y poco realista"

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Sobre la Entidad

Emasesa
Empresa  de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA.
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Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas sobre el precio del agua en España, analizando con expertos y actores implicados del sector cuánto debe costar el recurso hídrico. Con esta iniciativa buscamos descubrir cuáles son los retos y la situación actual, con el fin de hallar la fórmula de una gestión eficiente y justa del agua a través de un equilibrio económico-financiero de los servicios del agua y su integración.

En esta ocasión hablamos con Jaime Palop Piqueras, Consejero delegado de Emasesa.

Pregunta: En primer lugar, nos gustaría conocer su trayectoria profesional hasta el puesto que ocupa en la actualidad.

Respuesta: Soy Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Desde hace treinta años hasta hoy, mi trayectoria profesional me ha llevado a recalar en diferentes organismos, que me han dado la oportunidad de trabajar en la gestión de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el agua, desde lo público.

Entre 1990 y 1994 he sido director general de Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, donde también he sido consejero ejecutivo en materia de aguas. De ahí pasé a ocupar el cargo de presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 2004, donde también he cumplido los puestos de comisario de aguas y jefe de la oficina de planificación; y entre 2004 y 2008 el de director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Más tarde, entre 2008 y 2009, trabajé en la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente como director gerente. 

Además, he desempeñado otros puestos como secretario de las Conferencias de Directores Generales de Agua Iberoamericanos, presidente de la Comisión del Trasvase Tajo-Segura, presidente de la Comisión del Trasvase Negratín-Almanzora, responsable de la ejecución de los dos Acuerdos Andaluces por el Agua y gerente del Centro Nuevas Tecnologías del Agua. 
Desde 2016 soy consejero delegado de EMASESA, cargo en el que el Consejo de Administración de la empresa pública del agua me ha refrendado este 2019 para cuatro años más.

P.- ¿Cómo definiría la política de precios del agua en España?

R.- Centrándonos en los servicios de aguas urbanos en nuestro país lo primero que debemos reconocer es que cuentan con una gran calidad, en líneas generales. Disponemos de un suministro prácticamente universal de agua potable, así como de un saneamiento con una cobertura muy amplia, al que le queda un último esfuerzo para cumplir las directivas europeas y todo ello a un precio muy accesible y muy bajo comparado con la media europea.

Precisamente esta política de precios es uno de los grandes desafíos que tiene por delante el sector. De forma generalizada, el precio del agua no cubre los costes básicos de este servicio, solo puede atender los gastos de explotación año a año. Tampoco cubre los costes de renovación de infraestructuras. Esta carencia es un gran problema en el medio-largo plazo tanto para las empresas encargadas de prestar el servicio como para el conjunto del país. Una situación que, de no afrontarse ya, puede hacernos retroceder en cuanto a la calidad alcanzada en la gestión del abastecimiento y saneamiento en España.

Así pues mi definición de la política de precios de los servicios de agua urbana en el país es que es equivocada y poco realista pues pone en riesgo la sostenibilidad de unos servicios de gran calidad de los que hoy disponemos.

La política de precios es uno de los grandes desafíos que tiene por delante el sector

P.- ¿Qué le parece el marco competencial?

R.- En líneas generales, es demasiado complejo y poco claro para la ciudadanía. Aunque las competencias sean municipales, están obligadas a convivir con las competencias que también tienen la administración general y la autonómica, con una influencia directa en la prestación del servicio, como pueden ser los organismos de cuenca, las comisiones de precios autonómicas…

Sin embargo este modelo no es el que siguen el resto de países europeos. En Europa tenemos algunos ejemplos como es el caso de Italia, con un marco competencial muy parecido al nuestro, donde tras un esfuerzo de todas las administraciones se han cedido competencias y se ha creado la figura del regulador nacional. Otro ejemplo de regulador es el de Portugal.

En el caso de España, nuestro modelo necesita redefinirse y modernizarse. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de la repercusión de los costes relacionados con el ciclo urbano del agua, por mandato de la Directiva, aunque no siempre ocurra, sobre todo en municipios pequeños. También estamos de acuerdo en la existencia de un importante déficit en infraestructuras, que necesita de inversiones para atenderlo, el cual puede poner en riesgo la garantía de suministros para futuras generaciones. 

Si aceptamos que el esfuerzo económico para garantizar la sostenibilidad del sistema ha de partir, en gran medida, de la repercusión en la tarifa que pagamos todos, parece razonable que nos replanteemos el actual marco competencial para mejorar la gestión de la eficiencia en la prestación del servicio y garantizar la transparencia. En este sentido la figura de un regulador nacional es una medida que puede ayudar a la consecución del objetivo final de garantizar la sostenibilidad de un suministro de agua de calidad. Así, se aseguraría la máxima de que el dinero del agua es para el agua, alejando la posibilidad de que se subvencione el agua por motivos políticos, o bien que los ingresos generados por las tarifas se dediquen a actividades distintas de las relacionadas con la prestación del servicio.

P.- ¿Debería haber una legislación nacional que los regule?

R.- Todo el territorio nacional comparte la misma problemática: unos precios del agua que son insuficientes, incapaces de garantizar unos servicios que atiendan el ciclo integral urbano de forma sostenible. 

El desarrollo futuro del país depende, en buena medida, de tener unos servicios urbanos de aguas sostenibles. Este hecho tiene la suficiente importancia como para que el problema se estudie y se oriente a nivel nacional, sin que ello suponga la más mínima dificultad a que las comunidades autónomas también actúen sobre la cuestión. Sin embargo, nos encontramos con que ni la Administración general, ni la autonómica se han cuestionado el tema.

Tanto el Estado como las autonomías, esquivan el estudio de la subida de tarifas, al ver un horizonte que se dibuja políticamente complicado y espinoso. Tampoco proponen soluciones, no se pronuncian. Delegan las competencias al terreno de lo local, y esperan que sea desde los órganos municipales o supramunicipales desde donde surjan los planes y esfuerzos necesarios. En suma, nos encontraríamos con una atomización de un problema que es nacional y común. En España hay cientos de centros locales de decisión, cada uno podría adoptar sus propias medidas en base a sus acuerdos y pactos políticos y sociales concretos. Si seguimos esta metodología para afrontar un problema que es a escala nacional o, como mínimo, autonómica, no obtendremos más que resultados muy complicados.

Por tanto, si se quiere una solución real que prospere, debe estar basada en la simplicidad y en la viabilidad política de su formulación, siendo como es una cuestión de interés nacional que debe por tanto, plantearse desde el marco nacional o, como mínimo, autonómico. 

Así, es más viable una única votación en las Cortes o en un Parlamento autonómico donde se conoce la geometría política y que favorece llegar a pactos o acuerdos generales. Esta vía, podría dar como resultado un canon en el Organismo de cuenca o bien un canon autonómico con el objetivo de financiar planes de renovación de infraestructuras en la corporación local, bajo la supervisión de la Administración supralocal. De este modo, seríamos capaces de atender un objetivo que, no se nos olvide, debe ser nacional o autonómico.

P.- ¿Qué aspectos se incluyen en la factura del agua?

R.- En el caso de EMASESA, la factura incluye los costes asociados a la prestación del servicio del ciclo urbano del agua, desde la captación en los embalses hasta la devolución a la naturaleza una vez depuradas las aguas residuales. 

Además, nuestra factura incorpora un canon local de carácter finalista, para la financiación de un programa de obras de más de 190 millones de euros del que ya se han ejecutado más de 170. A esto se suma el canon autonómico, recogido en la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas para Andalucía, destinado a la financiación de infraestructuras de depuración declaradas de interés para la comunidad autónoma, el IVA y según la población y el uso del suministro también puede incluir el importe de la tasa de residuos sólidos urbanos que se recauda para algunas entidades locales.

P.- ¿Debe recuperarse la totalidad de los costes asociados a los servicios?

R.- Se deben recuperar todos los costes, en particular los de explotación, cuya amortización permite atender el día a día del servicio. Por su parte, la recuperación de los costes de reposición permitirá la sostenibilidad del sistema para las próximas generaciones.

Por otro lado, esta recuperación de costes es algo que se encuentra legislado, por lo que la cuestión a plantearse debe ser ¿por qué no se recuperan? ¿Por qué no están preocupadas y ocupadas en este asunto la administración central, la autonómica y la local?

Todo el territorio nacional comparte la misma problemática: unos precios del agua que son insuficientes

P.- ¿Cuál cree que es la estructura tarifaria más eficiente?

R.- Antes de la última crisis económica mi respuesta hubiera sido la que promueva el uso eficiente y ahorrador del usuario.

Hoy en día, a este aspecto de consumo responsable por parte del usuario, habría que introducir aspectos de justicia distributiva de las cargas que se generan al costear los esfuerzos para llevar a cabo la prestación del servicio de aguas. 

Así, debe pagar más quien más puede, máxime con los niveles de pobreza que sufren determinados sectores de la población, y sabiendo que los retos asociados a los efectos del cambio climático y las exigencias sociales de mejorar los servicios afectarán al alza el nivel de tarifas existentes.

P.- ¿Qué opinión le merecen los cánones autonómicos de depuración? ¿Cree que cumplen el objetivo finalista con el que se plantearon?

R.- Es una medida absolutamente necesaria cuando son finalistas. Se admite que la calidad de las aguas afectadas por los vertidos de agua residuales urbanas es una cuestión de interés de la Comunidad Autónoma, y se adoptan medidas para hacerle frente.

Por otra parte, se pone en marcha un mecanismo de solidaridad que permite financiar infraestructuras en poblaciones pequeñas, diseminadas y sin economía de escala que permita autofinanciar las obras de forma racional y justa.

El resultado es diferente según la Comunidad de que se trate. No obstante, el hecho de estar sancionados por la Comisión Europea por no cumplir una directiva del año 91 nos debe hacer pensar que aún se debe hacer un esfuerzo mucho mayor.

Concretamente yo echo de menos un nuevo canon autonómico destinado a renovar las infraestructuras obsoletas en el conjunto de la Comunidad Autónoma andaluza. Este canon sería una de las pocas oportunidades que tienen las corporaciones locales, pequeñas, diseminadas en el ámbito rural y con pocas posibilidades de aplicar alguna economía de escala.

La recuperación de los costes de reposición permitirá la sostenibilidad del sistema para las próximas generacione

P.- ¿A qué se deben la diferencia tarifaria en las Comunidades Autónomas?

R.- En primer lugar, al coste de adquisición del recurso y a la calidad natural del mismo. Está claro que en una zona con agua escasa su captación será más costosa que en zonas donde abunde el agua. También parece evidente que si su calidad no es adecuada el tratamiento a aplicarle también será más costoso.

Por otro lado, está el aspecto de la eficiencia en la gestión del servicio. Grandes aglomeraciones urbanas favorecen la aplicación de los beneficios de la economía de escala. Por otra parte, si el sistema tiene asentada una cultura gestora adecuada, normalmente realizará la prestación del servicio aquilatando más los costes.

También están los cánones autonómicos que suponen una parte no despreciable de resultado tarifario. Por ejemplo en Andalucía representa el 10% de la facturación.

Por último, también hay que tener presente al comparar tarifas las infraestructuras realizadas por las autonomías sin coste alguno para los usuarios.

P.- Respecto a Europa, ¿cómo valora el precio del agua en España en comparación con el resto de países?

R.- El precio medio del agua en España, según AEAS y AGA, se sitúa en los 2 €/m³, mientras que el precio medio de los países de la Unión Europea, según la consultora PriceWaterhouseCoopers, estaría en los 3,2 €/m³.

Está claro que en estos países pueden prestar mejor el servicio y de una forma más sostenible al recuperar costes para abordar la reposición de infraestructuras.

P.- Finalmente, ¿cree que la sociedad está concienciada sobre su consumo de agua y el coste real del mismo?

R.- La sociedad española está bastante concienciada en relación al consumo responsable del agua doméstica gracias, entre otras cuestiones, a los periodos de escasez que periódicamente se registran en el territorio español; y al empleo de tarifas penalizadoras de los consumos excesivos.

Otra cuestión es la concienciación que tiene la sociedad de que estamos muy por debajo del coste real del servicio y que inevitablemente habrá que subir las tarifas para tener un servicio sostenible.

Es un problema cultural. El agua urbana en España siempre ha contado con tarifas bajas y la gente se ha acostumbrado a pagar un precio reducido. Invertir esta situación no va a ser fácil y va a necesitar de una cuidada labor pedagógica y del compromiso de no instrumentalizar este cambio de forma partidista.

Sería conveniente poner encima de la mesa esta verdad incómoda: las tarifas necesariamente hay que subirlas. Es una realidad que hay que comunicar a todo el mundo, y, al mismo tiempo, pactar acuerdos políticos que dificulten la instrumentalización de la subida de tarifas para lograr la sostenibilidad de los servicios.

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