Aguas de Barcelona (Agbar) ha solicitado la ejecución inmediata de la resolución que invalidó la adjudicación de Aigües de Ter-Llobregat (ATLL), para revocar el contrato con Acciona y que se adjudique ya la gestión de la compañía a Agbar, el otro ofertante.
Según publica este domingo La Vanguardia, lo ha pedido a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que da un plazo de diez días hábiles y advierte que podría denunciar a la Generalitat ante la Comisión Europea y que está "evaluando" la posibilidad de pedir una indemnización.
En el escrito, el grupo que preside Ángel Simón ha lamentado que la Generalitat actúa como si la suspensión cautelar " le hubiera sido otorgada", cuando las resoluciones judiciales previas van en sentido contrario.
El texto está dirigido a la sección quinta de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la misma que el 26 de marzo de 2013 dio la razón a Agbar y denegó suspender de forma cautelar la resolución del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), como apunta el rotativo.
Agbar alega que este organismo no tiene capacidad para ejecutar estas resoluciones, por lo que considera imprescindible la ejecución judicial, que cree que "no admite ulterior demora" pues ha transcurrido un plazo razonable desde el auto que denegó la suspensión cautelar, apunta.
La privatización debería reportar a la Generalitat 1.000 millones de euros en 50 años, de los que ya ha ingresado casi 300.
