"Es posible financiar el suministro de agua potable en la mayoría de países de todo el mundo para el año 2030", afirma el doctor Michael Jacob, autor principal de un estudio del 'Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change' (MCC) en Berlín, Alemania.
Sólo en India, un impuesto sobre el carbono podría generar alrededor de 115.000 millones de dólares al año y sólo se necesitaría una parte de esos ingresos para potabilizar el agua, lo que significa que habría dinero suficiente para el saneamiento y la electricidad", afirma el investigador. De hecho, la infraestructura necesaria para el segundo país más grande del mundo consumiría sólo alrededor del 4 por ciento de los ingresos procedentes del impuesto.
No obstante, algunos países, especialmente en África subsahariana, donde el precio del carbono no sería suficiente porque las emisiones de carbono son tan bajas que producirían pocos ingresos. "Sin embargo, este déficit de financiación podría solucionarse al considerar a los países en desarrollo que aún no han agotado su derecho a utilizar la atmósfera -dice Jakob-. Evitar esas emisiones les daría derecho a pagos por compensación de los países industrializados".
"Es posible financiar el suministro de agua potable en la mayoría de países de todo el mundo para el año 2030"
El estudio de MCC, que examinó el potencial de desarrollo, no sólo para el agua, el saneamiento y la electricidad, sino también de las TIC y las carreteras, se ha hecho público bajo el título 'Los ingresos por la fijación de precios del carbono podrían cerrar las brechas de infraestructuras" en la revista 'World Development'. En sus cálculos, los investigadores asumen que todos los países del mundo ahora está introduciendo un impuesto sobre el carbono en constante aumento.
En el 2020 el impuesto tendría que ser de 40 dólares por tonelada de emisiones de CO2 y aumentar hasta 175 dólares en 2030. "Además de generar ingresos para las infraestructuras, el impuesto contribuiría así al objetivo internacional de limitar el calentamiento global a dos grados", explica Sabine Fuss, coaautora del estudio e investigadora invitada en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA, por sus siglas en inglés).
"Esto se debe a que el impuesto penaliza el uso de combustibles fósiles y crea incentivos para las tecnologías de cero emisiones de carbono", añade. El dinero no es necesario para la infraestructura podría emplearse para mitigar los efectos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, que afecta en especial a los países en desarrollo.
Como es bien sabido, el aumento del precio del carbón, el petróleo y gas, como parte de las medidas de protección del clima trae problemas porque nadie queire pagar más. La vinculación de los ingresos a un uso específico aumenta la aceptación entre la población y disminuye el riesgo de apropiación indebida, además de que el precio del carbono podría utilizarse para reducir las cargas a las que se enfrentan, en particular, los segmentos más pobres de la población, como el impuesto sobre el valor añadido.
"Una cosa está clara: para que la protección del clima sea eficaz, debe estar integrada en un esquema más amplio de desarrollo sostenible y viceversa", dice Jakob. "Simplemente infundir más dinero no va a resolver el problema. En cambio, los factores decisivos como un Estado que funcione, la toma de decisiones democrática y las instituciones pertinentes tenerse en cuenta", añade.
