El Consejo de Administración del Canal de Isabel II aprobó este miércoles despedir sin indemnización a los exdirectivos María Fernanda Richmond y Adrián Martín, investigados en el marco del caso Lezo y con los que hasta el momento la empresa de aguas pública mantenía una relación contractual.
Por otro lado, en la misma reunión y según han confirmado a Europa Press fuentes del Canal, se ha decidido suspender de empleo y sueldo durante un plazo de tres meses al exdirector de Recursos Humanos Fernando Cevallos, después de que en mayo se abriera un expediente para abordar su caso --es la sanción más grave que se contemplaba--.
En el caso de los primeros, como ha adelantado la Cadena Ser, se ha procedido a su despido después de contar con un informe que concluye que es viable el despido en su caso y, además, sin ningún tipo de indemnización.
Se da la circunstancia de que ambos acudieron a la Asamblea de Madrid el pasado viernes porque estaban llamados a comparecer en la comisión de investigación sobre corrupción política pero se acogieron a su derecho a no declarar porque estaban inmersos en el proceso abierto en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
El magistrado del caso Lezo acordó dividir el caso en seis piezas. La primera y principal, en la que están incluidos estos dos imputados y otros 17 más, investiga los hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal con las adquisiciones con desvío de dinero público de la empresas compradas Inassa y Emissao. El cerebro de esta trama sería, según el juez, el expresidente del Canal y expresidente de la Comunidad, Ignacio González, que se encuentra en prisión preventiva.
Adrián Martín fue director gerente de Canal de Isabel II y presidente del Consejo de Administración de Canal Extensia hasta 2016. El juez Eloy Velasco le imputó los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Estaría vinculado a la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes que hizo el Canal de Isabel II en 2013 por un importe unos 25 millones de euros.
Los mismos cargos le imputa a Richmond, directora financiera del Canal desde 2007 hasta 2016, cuando fue apartada del cargo por pérdida de confianza. También fue miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia en 2013. Ambos exdirectivos salieron de la cárcel tras presentar la correspondiente fianza.
En el caso de Fernando Cevallos, fue cesado de su cargo también hace unos meses por "pérdida de confianza" y tras las "anomalías" detectadas en la compra de la filial brasileña Emissao. El Canal llevó a cabo una auditoría interna realizada sobre las fechas y plazos de compra de Emissao, el importe de la misma y las fórmulas de pago.
Las conclusiones se incluyeron en un escrito firmado por el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, que trasladó a la Fiscalía por si de sus actuaciones pudiera haber indicios de delito.
