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ACCIONA prevé llevar a Cataluña a los tribunales por la "confiscación" de ATLL

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  • ACCIONA prevé llevar Cataluña tribunales "confiscación" ATLL
    Sede de ACCIONA en Alcobendas (Wikipedia/CC).
Almar Water Solutions
Minsait
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ACCIONA prevé llevar al Govern de Cataluña a los tribunales por la "confiscación" del contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la compañía que abastece de agua potable a 4,5 millones de habitantes de esta Comunidad.

"La actuación de la Administración de Cataluña es improcedente y la recurriremos en los tribunales", aseguró el presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales.

"Continuaremos cuestionando la confiscación de ATLL en todas las instancias legales posibles", añadió para además asegurar que toda iniciativa judicial irá de la mano con su socio en este contrato, el fondo británico Pioneer Point Partners.

El grupo está actualmente pendiente de que el Govern catalán establezca la liquidación del contrato. La compañía considera que le corresponde una compensación de 1.036 millones de euros, unos 305 millones por la anulación del contrato y los otros 733 millones en concepto de daños y perjuicios.

Por el momento, la comisión de apoyo a la liquidación del contrato constituida por Generalitat rechaza indemnizar a ACCIONA y además le reclama 38,4 millones, si bien este proceso de fijación de la liquidación está aún abierto.

"Entramos en ATLL con la mejor voluntad y cumplimos de forma rigurosa con todo lo comprometido, y la actitud de la Administración catalana es improcedente y la recurriremos a los tribunales", aseguró Entrecanales durante la presentación de los resultados de la compañía.

La anulación del contrato tiene un impacto de 98 millones de euros en el beneficio de ACCIONA que, no obstante, no ha tenido que realizar provisión alguna en sus cuentas, tal como han avalado además sus auditores.

La resolución del contrato de la ATLL es consecuencia de la sentencia emitida hace un año, en febrero de 2018, por el Tribunal Supremo, que ratificó la anulación del contrato de concesión ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en junio de 2015 ante los recursos que interpusieron alguna de las partes implicadas en la contratación de este servicio.

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