Acciona ha rechazado la propuesta de compensación de 53,86 millones de euros que la Generalitat de Cataluña le ha trasladado por la resolución del contrato de gestión de la empresa de aguas ATLL, al considerarla de "claramente fraudulenta".
En sus alegaciones, presentadas esta semana, la compañía asegura que dicha propuesta, planteada el pasado 28 de diciembre, únicamente incorpora algunos retoques y matices de carácter cosmético pero mantiene "la esencia confiscatoria" de la primera.
El grupo estima que el procedimiento seguido por el Gobierno catalán para cifrar la compensación es solo una apariencia, al sospechar que su resultado estaba fijado desde el inicio para conseguir que la Generalitat "pudiera ocupar las instalaciones afectas al servicio y cambiar la forma de gestión del mismo sin asumir más que un coste residual".
Reclamación intacta
Acciona mantiene en 305,2 millones la compensación que debe recibir en virtud de la cláusula del contrato entre ATLL y la Generalitat que establece la indemnización a abonar en caso de resolución del contrato durante el periodo de vigencia.
Esta partida forma parte del total de 1.036 millones de euros que Acciona reclama a Cataluña, que incluye una reclamación por perjuicio económico por lucro cesante valorado en 769 millones, al que se le resta el importe neto de los conceptos por liquidación ordinaria del contrato.
Acciona se remite a las sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya referidas al contrato y alega que "resulta con claridad que la nulidad del contrato ATLL se produce como consecuencia de una causa exclusivamente imputable a la Administración".
Ante esta situación, Acciona solicita que si se iniciara un procedimiento de liquidación "que no incurriera en las patentes irregularidades y vicios invalidantes" del actual, debería ser uno nuevo y auténtico para respetar todas las garantías, a fin de fijar de forma razonable y razonada la cantidad a compensar a ATLL.
El consorcio está inmerso un proceso de desahucio administrativo iniciado por la Generalitat y sus 350 empleados están dados de alta en la Seguridad Social por la misma ATLL y la nueva ATL pública de la Generalitat, denominada Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat.
Pioneer ve ilegalidades
De su lado, Pioneer Point Partners, el socio internacional de Acciona en el consorcio de ATLL, ha afirmado en un comunicado que las acciones que está llevando a cabo la Generalitat para renacionalizar ATLL son "injustas, ilegales e incluso fraudulentas".
"Las acciones de la Generalitat equivalen a un intento de confiscar ilegalmente, con o sin compensación, un activo debidamente contratado de la concesionaria", alegan, además de mostrarse sorprendidos por la actuación de la administración catalana con los inversores, que consideran chocantes por ser de un gobierno regional europeo.
La compañía asegura que con esta actuación la Generalitat tiene poca visión de futuro si su objetivo es "convertirse en un Estado respetable de la Unión Europea".
