El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha explicado que, tras la sentencia que anula el contrato de concesión de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), prevé que recuperar su gestión 100% pública costará unos 300 millones de euros, si bien esto lo deberá determinar una comisión que se creará en los próximos días.
"El Govern tendrá que tener este dinero. Damos cumplimiento a un compromiso político y de la Generalitat", ha explicado Calvet en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.
Ahora se entrará en la fase de liquidación del contrato con Acciona, que durará unos meses, y en paralelo se irá conformando la ATLL pública, que se estima que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2019.
Ha garantizado que la concesionaria --un consorcio liderado por Acciona-- seguirá prestando el servicio en estos meses de transición, y ha indicado que el Govern tiene la voluntad de que el precio que se pague por el agua sea "razonable" y de acuerdo con la obtención de este recurso.
Ley de Cambio Climático y L9
Calvet también ha destacado que uno de los objetivos del Govern es recuperar la Ley contra el Cambio Climático, que fue la primera que aprobó el Ejecutivo de Carles Puigdemont y posteriormente impugnada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En cuanto a la L9, el conseller ha indicado que la voluntad es retomar las obras del tramo central, el que conecta La Sagrera con Zona Universitària y que une los ramales, dando sentido al conjunto de la línea.
Para ello, se sigue trabajando con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que conceda a la Generalitat el préstamo de 750 millones de euros que solicitó, si bien la obra tiene un coste total de 1.100 millones.
Este año se inaugurarán las estaciones de Foneria y Foc Cisell de la L10: "Las obras acabarán entre junio y julio y las pondremos en servicio lo antes posible".
