El Pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno, con el voto del PP, PSOE y Unidos Podemos, que las nuevas concesiones hidroeléctricas reviertan parte de sus beneficios al Estado, las confederaciones hidrográficas, los consumidores de electricidad y los municipios afectados.
Todo ello una vez se descuente un "beneficio industrial razonable" para su explotador, teniendo en cuenta "la realidad de un sector ya maduro", según reza la moción impulsada por Unidos Podemos, y finalmente pactada con PP y PSOE. Este texto ha contado con el apoyo del resto de grupos, a excepción de Ciudadanos y UPN, que se han abstenido, y de Foro Asturias, que ha votado en contra.
Con esta moción, el Congreso ha reclamado que la explotación de estos aprovechamientos hidroeléctricos supongan la inversión de al menos del 20% de los ingresos que se deriven de las mismas en los territorios afectados, con el fin de combatir la despoblación.
El texto también pide al Gobierno el desarrollo de "un marco jurídico estable en materia de reversión de los saltos hidroeléctricos" de cara a la extinción de concesiones, y que en este marco se reconozca el agua "como un bien de dominio público que ha de gestionarse desde la perspectiva del interés general, apoyándose en el principio de unidad de cuenca".
Así, pide que, una vez venzan las concesiones, la titularidad pase a manos públicas, y que en caso de que se otorguen nuevas concesiones, se realicen mediante concurso público y con una serie de condiciones.
Plazos de 5 años, 30 si hay inversiones
Concretamente, con unos plazos de cinco años, elevándose hasta los 30 años cuando haya inversiones, pero nunca superando el período de amortización, y con la obligación de "seguir las consignas del operador del sistema" eléctrico con el fin de "facilitar la entrada de energías renovables y de contención del precio de mercado".
Para la extinción de las concesiones, pide garantizar la transparencia e información a las comunidades autónomas, entidades locales y ciudadanía en general sobre la situación administrativa de cada salto y la fecha de caducidad de su concesión.
Asimismo, apuesta por concretar los procedimientos, plazos y responsabilidades para el desmantelamiento de sus infraestructuras en caso de que lo determinen las normas de planificación hidrológica, y abre la puerta a la facilitar y promover su gestión pública en cuencas intercomunitarias por parte de sociedades públicas.
Por último, aboga por anticipar tres años el fin de la concesión la fijación de las bases del proceso de reversión y un año a las de resolución, y exceptuar la exención del Impuesto de Actividades Económicas a las entidades de derecho público exclusivamente para la explotación de estos aprovechamientos.
