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El Gobierno dará gran impulso al medio ambiente en 2018 con leyes para frenar el cambio climático

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo dará en 2018 un "gran impulso" al medio ambiente, a través de un conjunto de normativas que contribuirán a frenar el cambio climático en el marco de la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros celebrado este jueves a consecuencia de la festividad de la Inmaculada de este viernes, la vicepresidenta ha anunciado que en 2018 se tramitarán nueve leyes, de las que tres estarán dedicadas a la protección del Medio Ambiente.

En concreto, ha anunciado la Ley de Cambio Climático y transición energética, de la que el Gobierno ya ha señalado con anterioridad que su borrador estará listo en el primer trimestre del año. Según el Ejecutivo, esta norma busca establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía.

Además, ha anunciado la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte.

Otro Real Decreto introducirá mejoras en la composición del Consejo Nacional del Agua para permitir su adecuada adaptación por un lado a la nueva estructura orgánica de la Administración del Estado y por otra a la realidad del sector

Según el Gobierno, este anteproyecto de Ley pretende establecer la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrada en el transporte. Así, se incorporaría al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009.

Esta directiva introduce un nuevo artículo 7 bis en la citada Directiva 98/70/CE, de 13 de octubre de 1998, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10 por ciento, un 6 por ciento con carácter obligatorio y el 4 por ciento restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010 (94,1 de C02eq/MJ).

Ese objetivo deberá cumplirse con biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.

Asimismo, la Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En tercer lugar, ha dicho que se tramitará una ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se amplía el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.

Por otro lado, en el conjunto del plan normativo anual, el Gobierno contempla también la aprobación de 240 Reales Decretos de los que una docena se refiere al ámbito medioambiental.

En este "impulso" normativo para el medio ambiente anunciado por la vicepresidenta se incluye también diferentes Reales Decretos que regulan la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario

El primero de ellos será el Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se creará el registro de productores de productos (REPP), de acuerdo con la Directiva 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por el que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.

Además, se prevé la aprobación de un Real Decreto de Reducción de Emisiones Nacionales de Determinados Contaminantes Atmosféricos y la Elaboración del Inventario Nacional de Proyecciones de Emisiones. Esta norma se incluye en cumplimiento de la Directiva 2016/2284/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

En tercer lugar, el plan anual contempla la aprobación del Real Decreto con el que se modificará el anexo I de la Ley 41/2010 de 29 de diciembre que regula la protección del medio marino en cumplimiento de la Directiva 2017/845/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2008/56 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta normativa comunitaria se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborarestrategias marinas.

Por otro lado, otro Real Decreto introducirá mejoras en la composición del Consejo Nacional del Agua para permitir su adecuada adaptación por un lado a la nueva estructura orgánica de la Administración del Estado y por otra a la realidad del sector, ajustando su contenido a las nuevas Leyes 39 y 40/2015.

También durante 2018 se aprobará el Real Decreto de reducción de emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y la elaboración del inventario nacional de proyecciones de emisiones. Esta norma acometerá la reducción de las emisiones a la atmósfera de ciertos contaminantes (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, amoniaco y partículas finas) y cumplir con unos niveles de emisión máximos desde 2020 a 2029 y a partir de 2030.

En este "impulso" normativo para el medio ambiente anunciado por la vicepresidenta se incluye también diferentes Reales Decretos que regulan la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario; se modificará el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; o cambios en el Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y que permitirá transponer la futura directiva que revisa la Directiva 1999/31/CE sobre depósito de residuos en vertederos.

Al mismo tiempo, el Gobierno aprobará el próximo año un Real Decreto por el que se establece la imagen corporativa e identidad gráfica de la Red de Parques Nacionales y otro que regulará la licencia de uso de la marca 'Parques Nacionales de España', que permitirá ser un identificador común de calidad para las producciones de estos espacios.

También relacionado con los Parques Nacionales, el Gobierno pretende autorizar un Real Decreto que modifica el anterior sobre las subvenciones con cargo a los presupuestos generales del Estado en las áreas de influencia socieoconómica de estos enclaves protegidos.

Otros proyectos normativos actualizarán las medidas de conservación del área marina protegida El Cachucho y de la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental.

Por otro lado, prevé la aprobación del estatuto de los colaboradores meteorológicos del Estado, el reglamento de la Ley de Montes, regulará las directrices para caracterizar el material dragado y su reubicación en el dominio público marítimo terrestre o dará un marco jurídico para la conservación de recursos genéticos forestales.

Finalmente, espera aprobar el Real Decreto por el que se establecerán las normas de funcionamiento del Registro único español de infractores de caza y pesca.

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