El PSOE promete en su programa marco garantizar un mínimo vital de 100 litros de agua gratis por persona y día, con el fin de evitar el "desahucio hídrico" de las personas y sectores vulnerables, así como la prohibición de realizar cortes de suministro. Además, apuesta por la gestión directa de los servicios públicos en todos los casos en los que sea posible y, en los que no, regular y controlar el acceso al agua de todos los ciudadanos.
En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica la externalización de los serivicios de los ayuntamientos que llevaron a cabo gobiernos del PP y que ha supuesto la contratación de empresas para la gestión indirecta de los servicios públicos que presta a la ciudadanía, incluidos los esenciales, como agua, transporte, limpieza o educación infantil que hoy, afirman "son prestados por empresas privadas en la mayoría de los casos".
Por ello, el programa marco deja claro que los ayuntamientos gobernados por el PSOE apostarán siempre que sea posible por la "gestión directa de los servicios públicos municipales como modelo más eficiente, sostenible y ético, y como la mejor garantía de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos a recibir esos servicios".
Y, en cualquier caso y, con independencia de quien sea el titular del servicio, los socialistas contemplan acabar con la "pobreza hídrica" de las personas y sectores más vulnerables.
Para ello, dejan claro que el acceso al agua es "un derecho humano" y anuncian que regularán la garantía de "acceder a un mínimo vital de 100 litros por persona y día gratuito de agua para las personas y sectores económicos más vulnerables", así como la prohibición de realizar cortes de suministro en casos de precariedad económica y social.
Y para los servicios públicos que sigan privatizados, no solo el agua, se comprometen a ejercer un "mayor control" con el fin de evitar el encarecimiento y el descenso de la calidad.
Consideran, además, que debe hacerse una "estricta regulación y control" para hacer efectivo el derecho al agua de todos los ciudadanos, evitando nuevas "burbujas" especulativas, excluyendo los cortes de agua, que califican de "una nueva modalidad de desahucio hídrico", que incrementa aún más las desigualdades y la exclusión social.
Auditorías de gestión
Además, y para los sistemas actualmente privatizados, harán una auditoría de gestión, para establecer un diagnóstico de la situación y del estricto cumplimiento de la normativa existente a la fecha, así como del propio contrato de concesión.
En esta auditoría, exponen, será preferente el análisis de la calidad de las aguas y de las necesidades de depuración de las mismas, determinando las acciones oportunas para asegurar el estado adecuado de calidad ecológica y sanitaria del agua, así como las necesarias para reducir pérdidas y aumentar la eficiencia de las redes de suministro y depuración.
Para ello, aseguran que se aplicará un sistema tarifario "justo, equitativo, transparente y suficiente" para garantizar el acceso a servicios de alta calidad, a todos los ciudadanos. De hecho, dejan claro que "se prohibirá el incremento de tarifas no regulado por los contratos o convenios de gestión".
