El agua como catalizador de la paz en Oriente Próximo, por la Fundación FPSC

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Sobre la Entidad

Fundación Promoción Social
Promoción Social, ONGD que desde 1987 trata de promover un desarrollo humano, social y económico acorde con la dignidad de la persona. 40% de la actividad se centra en Cooperación al Desarrollo (agua, medio ambiente y desarrollo rural).
  • agua como catalizador paz Oriente Próximo, Fundación FPSC
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El agua en Oriente Próximo constituye un bien escaso y valioso. Además de un clima semiárido con un régimen pluvioso bajo en precipitaciones, los territorios de Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria comparten las mismas fuentes de agua de superficie: las cuencas de los ríos Jordán y Yarmuk. Al margen de otros aspectos relevantes –tales como el trazado de fronteras definitivas de los cinco países, los acuerdos de seguridad a nivel regional y la gestión de los refugiados (hoy en día no sólo palestinos, sino también sirios e iraquíes)– el acceso al agua potable constituye una de las cuestiones claves para la pacificación de la zona.

Por una distribución equitativa y por una gestión eficaz del agua

El próximo 15 de enero los ministros de Asuntos Exteriores de 70 países, además de representantes de la ONU, de la UE y de la Liga Árabe, tienen previsto reunirse en París para intentar relanzar el proceso de paz israelí-palestino que descarriló con el comienzo de la segunda Intifada. La conocida como “Iniciativa francesa de paz” que echó a andar en junio de 2015 mediante otra cumbre similar, pretende poner en marcha una conferencia regional de paz en la que se pongan sobre la mesa todas las cuestiones susceptibles de negociación entre Israel y Palestina.

Mientras el Gobierno israelí sigue insistiendo en que no va a aceptar la imposición de condiciones o de plazos por parte de la comunidad internacional –máxime después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de aprobar una resolución declarando ilegales sus colonias en Cisjordania y Jerusalén Oriental– y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) se muestra totalmente dispuesta a sumarse a la iniciativa –intentando lograr algún hecho consumado más dentro de su “estrategia de internacionalización del conflicto” antes de que tome posesión la Administración Trump–, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sigue advirtiendo de la imperiosa necesidad de reactivar el proceso de paz israelí-palestino. De no hacerlo ya, la realidad sobre el terreno impedirá en breve la solución de dos Estados.

Si la diplomacia internacional lograra relanzar el proceso, los negociadores israelíes y palestinos deberían diseñar un nuevo marco jurídico e institucional que trascienda los ya obsoletos Acuerdos de Oslo, que más de 20 años después siguen regulando las relaciones bilaterales, a pesar de que fueron ideados sólo para un período interino de 5 años. Para ello deberán retomar las negociaciones del llamado “Estatuto definitivo”, que había de regular las cuestiones clave. Entre ellas, el establecimiento de las fronteras, el régimen de seguridad, el futuro de los asentamientos israelíes, el retorno de los refugiados palestinos y la capitalidad de Jerusalén. Pero también otra cuestión que resulta crucial y que a corto plazo podría ayudar a desatascar el resto, cual es la gestión del agua potable y de los recursos hídricos.

Distribución injusta del agua

El art. 40 del Anexo III-Protocolo de Asuntos Civiles del Acuerdo Interino Israelí-Palestino de 1995 (conocido como Oslo-II) delimita el marco de responsabilidades de ambas partes en materia de agua, asignando a los palestinos el 20% del agua subterránea del principal acuífero de Cisjordania, mientras que reserva el 80% para disposición de los israelíes. Ese 20% se cuantifica en unos 118 millones de m³ anuales, lo cual resulta totalmente insuficiente para abastecer a una población de 2,7 millones de habitantes. Por ello, los palestinos se ven obligados a comprar otros 64 millones de m³ anuales a Israel, que a su vez se los vende a un precio superior al que demanda a los colonos que viven en los asentamientos, a los que aplica tarifas subvencionadas.

Los Acuerdos de Oslo crearon además una “Comisión Conjunta del Agua” (JWC, Joint Water Committee) para dirimir las diferencias de criterio que se pudieran presentar, mas al establecer un sistema de consenso en la toma de decisiones, en la práctica el Gobierno israelí lo aprovecha para vetar la perforación de cualquier nuevo pozo por parte de los palestinos, mientras se guarda para sí la gestión de los ya existentes. Por este motivo, desde finales de 2010 los representantes de la ANP decidieron dejar de asistir a las reuniones de la JWC en señal de protesta, provocando el retraso en la implementación de numerosos proyectos de agua y saneamiento que habían sido diseñados por las diferentes agencias de cooperación bilateral como la AECID y organizaciones no gubernamentales como FPSC, impidiendo la modernización de la red de distribución hídrica.

Por si esto fuera poco, según los informes de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Ejército israelí en ocasiones destruye las cisternas y otros sistemas rústicos de almacenamiento de aguas de los palestinos residentes en las zonas rurales de Cisjordania (la ANP sólo tiene jurisdicción sobre las zonas metropolitanas), alegando su carencia de permisos específicos por parte de la Administración Civil del Ministerio de Defensa. De acuerdo a la delegación de OCHA en Jerusalén, los colonos israelíes también requisan por la fuerza tanto fuentes naturales de agua como pozos de la Cisjordania rural, lo cual reduce incluso más el acceso al agua de los palestinos y de los beduinos.

En lo que a la Franja de Gaza respecta, la situación resulta catastrófica, pues además de la mayor escasez de pluviosidad y de reservas de agua subterránea, según el informe conjunto de las diferentes agencias de ONU Gaza 2020 –que pone de manifiesto que la Franja pasará a ser inhabitable en espacio de tres años, salvo que se tomen las medidas necesarias para evitarlo– que el 90% del agua de Gaza está contaminada al presentar altos índices de fertilizantes, residuos y metales. Esto hace que no sea apta para el consumo humano en aplicación de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que obliga a la distribución mediante camiones-cisterna, que resulta mucho más costosa para una población empobrecida por las sucesivas guerras y por el bloqueo comercial impuesto contra la Franja desde junio de 2007 (en que el movimiento islamista Hamás se hiciera con el poder).

Según este informe, Gaza 2020, un gran número de depuradoras y gran parte del alcantarillado resultaron total o parcialmente destruidos durante la operación “Margen Protector” que tuvo lugar en julio y agosto de 2014. Además, las pocas depuradoras que todavía funcionan se encuentran saturadas o faltas de combustible (cuyos precios se han multiplicado tras el cierre de los túneles de contrabando que penetraban por la frontera de Rafah), con lo que el número de casos de diarrea y otras enfermedades infantiles sigue proliferando. Y aunque el Banco Mundial (WB) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) están financiando la construcción de una planta potabilizadora para la Franja (en la que residen casi 2 millones de personas) todavía no está claro si se va a disponer de suficiente electricidad para alimentarla. Hay que tener en cuenta que Gaza sufre un déficit crónico de energía y la red eléctrica general sólo funciona entre 6 y 8 horas diarias.

Cuestión de voluntad política

La solución de los problemas de abastecimiento de agua en Cisjordania y la Franja de Gaza depende hoy en día de la voluntad política. Esto es así porque Israel se ha convertido en un referente mundial tanto en materia de depuración y reutilización de aguas residuales –que utiliza para irrigación de campos de cultivo, parques y jardines, así como para aplicaciones de limpieza municipal en más de un 90%– como en materia de desalinización. Con cinco plantas desaladoras de última generación situadas en localidades de su costa mediterránea (Asquelón, Ashdod, Hadera, Palmachim y Sorek) Israel lidera también la desalinización de aguas salobres, por lo que tiene un amplio margen de maniobra para conceder un mayor porcentaje del agua extraída del acuífero de Cisjordania a los palestinos.

Además, el descubrimiento de yacimientos de gas natural y su correspondiente explotación para generar energía, le han permitido reducir los costes desde 1 euro a menos de 40 céntimos por m³ desalinizado. Por este motivo, la ONG israelí-jordana-palestina EcoPeace ha propuesto un ambicioso plan de inversiones en infraestructuras de 30.000 millones de euros para construir más plantas potabilizadoras, también en Jordania (en la zona de Aqaba, dado que la salida israelí al Mar Rojo por Eilat se encuentra ya urbanizada) y en la Franja de Gaza, que incluya la construcción adicional de plantas de producción de energía solar para alimentarlas.

Dado que la capital francesa fue también anfitriona exitosa de la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático 2015 (COP21) y del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la conferencia de paz que albergará el próximo 15 de enero además de crear las condiciones diplomáticas para relanzar el proceso de paz a nivel político, debería igualmente establecer mecanismos financieros para incentivarlo en el ámbito económico. Sin duda, las sinergias en materia de cogestión eficaz del agua y de la promoción de las energías renovables deberían estar presentes en la ya inminente Conferencia de París.

Nota: Este artículo fue desarrollado por FPSC y publicado por Europa Press. Para más información nos podéis encontrar en nuestra página web, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube e iAgua.

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