El 31 de enero ha finalizado un proyecto que la Fundación Promoción Social ha desarrollado en 8 poblaciones rurales del departamento de Santa Cruz (Bolivia) y que ha permitido que más de 20.000 personas tengan acceso al derecho humano al agua.
El proyecto “Mejora de las condiciones de vida de comunidades rurales en Bolivia a través de intervenciones dirigidas al abastecimiento de agua”, financiado por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) y realizado en consorcio con la ONG boliviana APEP, ha sido una clara respuesta a las graves necesidades y carencias existentes en la zona.
A pesar de las diversas dificultades a las que se tuvo que hacer frente en los inicios (la lejanía entre las poblaciones, el nombramiento entonces reciente de una autoridad local tras un complicado proceso electoral, etc.), el proyecto ha logrado su objetivo de mejorar la disponibilidad y el acceso al agua potable, altamente demandado por la población, a través de estas acciones:
- Instalación de redes de distribución de agua con cañería soterradas que llevan el agua hasta las viviendas.
- Construcción de plantas de potabilización de agua en las comunidades más grandes (San Rafael, San Antonio y Samaipata), con una capacidad de más de 50.000 litros/hora.
- Perforación de pozos en las poblaciones más pequeñas (Morebiti, El Pilar, La Ripiera, Villa Enconada y Nueva Esperanza) que suministran caudal abundante de agua segura a la población.
- Construcción de tanques de agua elevados con capacidad para 20.000 litros.
Además, para una gestión sostenible de los recursos hídricos, se han creado Comités de Agua Potable conformados por los propios beneficiarios, asegurando la continuidad en el tiempo de los logros alcanzados, y se ha capacitado a la población en higiene básica y uso racional del agua.
Garantizando el acceso al agua potable, el proyecto de la Fundación Promoción Social ha tenido un enorme impacto social al mejorar notablemente la calidad de vida de las familias, pues la conquista de este derecho ha abierto la puerta a otros, como la salud y la educación.
Doña Candelaria Anduíra es de etnia guaraní de la comunidad indígena de La Ripiera. Apenas habla el español, pero con lágrimas en los ojos recuerda la lucha de su pueblo para sobrevivir en un entorno sin agua: “Antes de que perforasen el pozo y nos instalaran el sistema que lleva agua hasta nuestras casas, nuestra vida era muy dura, especialmente para las mujeres, que debíamos recorrer hasta ocho kilómetros diarios para traer agua de una cañada. El agua olía mal y nuestros niños enfermaban, pero no había otra cosa… Además, acarrear agua en bidones era un trabajo muy pesado que no nos dejaba tiempo para otras labores. Vivíamos casi como animales…, tratando de sobrevivir. Ahora es distinto. Recibimos agua por tuberías en nuestras casas. El agua es rica, cristalina… ¡y no les hace daño a los niños! Ahora ellos pueden ir todos los días a la escuela, y cuando vuelven puedo dedicarles tiempo porque ya no tengo que ir a por agua”.
Además, familias de campesinos que malvivían junto a sus terrenos se han instalado en núcleos urbanos, y con la llegada de esta nueva población, también han aumentado los servicios sociales, como la dotación de nuevas aulas en las escuelas, equipos médicos y servicios regulares de transporte público. Es un claro ejemplo de cómo el acceso al derecho humano al agua repercute de manera positiva en el desarrollo de las poblaciones.
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