Asaja-Sevilla rechaza la declaración del CESS sobre el dragado del Guadalquivir

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Asociación Agraria de Jóvenes Agrcultores es una organización profesional agraria de España con más de 200.000 afiliados que trabajan en las explotaciones agrarias de forma directa
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(EuropaPress) La organización agraria Asaja-Sevilla muestra su rechazo a la declaración sobre la revitalización del río Guadalquivir, aprobada este viernes por el pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y redactada "sin contar con la opinión de la representación de los agricultores y ganaderos de la provincia de Sevilla, usuarios del río y participantes activos en su gestión y mantenimiento".

En una carta del secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, al presidente del CESS, Joaquín Revuelta, la organización agraria, ante la "enorme" repercusión que tiene sobre la agricultura y el regadío cualquier asunto relacionado con la gestión del Guadalquivir, ha recordado que, respecto a la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) dictada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003, se establecía una serie de condiciones obligatorias previas, entre las que se encontraban, incluir en el estudio un capítulo específico de las afecciones de la obra sobre el Parque Nacional de Doñana; el preceptivo informe del Patronato de este espacio natural protegido y se establecerían condicionantes sobre la protección de márgenes y sobre la fauna.

Para esto, según señala, se constituyó una Comisión Científica específica a tal fin, en 2005, y, en enero de 2008, se firmaron convenios de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con las Universidades de Córdoba y Granada, concluyendo todas las entidades que el estuario se encontraba al borde del colapso.

De hecho en noviembre de 2010 la Comisión Científica, según recuerda Asaja-Sevilla, emitió su dictamen desaconsejando la realización del dragado de profundización por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario, y por lo tanto de Doñana. "De tal manera que no se podría realizar el dragado en tanto el estuario no mejore sus actuales condiciones", subraya.

Asaja-Sevilla también ha destacado que los condicionantes ambientales han sido objeto de un "crítico informe", el 37 COM 7B.27, adoptado en el seno de la 37 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que urge al Reino de España a no permitir cualquier dragado de profundización en el Bajo Guadalquivir y a asegurar que cualquier actividad de dragado de mantenimiento esté ecológicamente optimizada, en la línea de las recomendaciones de la Comisión Científica y de la Decisión 35 COM 7B.271 y a integrar las conclusiones de la Comisión Científica como condiciones vinculantes en el Informe de Impacto Ambiental.

Asimismo, hace hincapié en que el dictamen pone "más énfasis" en los teóricos beneficios del puerto para la economía de la provincia, "olvidando las grandes repercusiones", si no se corrige con medidas previas, que esta construcción tendrá para el sector agrícola.

En este sentido, Martín apunta que los problemas agrícolas no se circunscriben al sector arrocero. "Es éste indiscutiblemente el sector "más gravemente" afectado, pero no podemos olvidar que todas las producciones río abajo desde el casco urbano de Sevilla Capital se verían afectadas por el más que probable incremento de la salinidad en el estuario", explica.

Así, la organización agraria destaca que no sólo es "terminantemente" necesaria la modernización de los riegos del arrozal, en especial del situado en la margen derecha del río, sino que también debe darse una salida técnica y económicamente viable a las tierras de las vegas de al menos Sevilla, Santiponce, Gelves, Coria, Palomares y Dos Hermanas que se cultivan de cítricos, frutas, hortalizas y producciones extensivas de regadío, altamente generadoras de empleo y riqueza.

En conclusión, destaca que "no se puede admitir que se sacrifiquen empresas agrarias modernas y competitivas en aras de un proyecto por muy importante que pueda considerarse", por lo que Asaja-Sevilla exigirá el "escrupuloso" cumplimiento de las medidas compensatorias ambientales y agrarias como requisito previo para cualquier actuación que ponga en peligro el equilibrio, "ya delicado", del estuario del Guadalquivir, y el inicio del proyecto de modernización del sector arrocero, "principal, pero no único sector económico perjudicado por el dragado".

De igual manera, apunta que el supuesto riesgo de pérdidas de fondos comunitarios de ayuda a la ejecución de este proyecto "no debe servir en ningún caso de excusa ni cortapisa para actuar al margen de la legalidad, ni precipitar actuaciones sin las adecuadas compensaciones y garantías ambientales que exige la propia Unión Europea".

Por último, ha reiterado que los empleos que están "realmente en juego" en este proyecto son los que "se perderían en caso de una ejecución precipitada, sin compensaciones a los afectados y sin solucionar el problema de la salinidad".

"Estamos hablando de más de 128.000 empleos directos vinculados al regadío de la cuenca del Guadalquivir. De miles de empleos directos vinculados a la pesca e incluso al turismo. Y por supuesto de todo el empleo indirecto asociado a la industria agroalimentaria. Se trata de empleos reales y no de previsiones", cierra la misiva Martín.

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