El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo que en julio de 2009 se adjudicó el contrato de obras de ampliación del Canal de Panamá, ha informado este miércoles de su intención de suspender dichos trabajos por los sobrecostos generados.
GUPC ha explicado en un comunicado que ya ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la nota preaviso de suspensión de la construcción del tercer juego de esclusas "ante los incumplimientos del contrato". Esta ampliación del Canal de Panamá, con un importe de 3.118 millones de dólares (unos 2.243 millones de euros), es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia.
GUPC ha acusado a la ACP de haber "fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato"
Según se indica en la nota, el consorcio "no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuestas específicas que la ACP ha rehusado discutir hasta la fecha".
Ahora la ACP dispone de un plazo de 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados, aunque mientras tanto los trabajos continuarán con normalidad, según GUPC, que está integrado además por la constructora belga Jan de Nuil y la panameña Constructora Urbana.
Grandes problemas financieros
En la carta remitida a la ACP, administradora del canal, el consorcio reitera que esta se encuentra "al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al mas alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto". Asimismo, se indica que, a pesar de que ambas partes han llegado a acuerdos, el administrador "ha decidido no honrar dichos acuerdos".
El consorcio ha expresado su deseo de que en los próximos 21 días la ACP "cumpla con los requerimientos presentados"
Además, GUPC ha acusado a la ACP de haber "fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato", por ejemplo en relación con "la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración".
Según el grupo empresarial, la ACP "ha forzado al contratista a renunciar a varios de sus derechos" y, sobre todo, "ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra", algo que, según ha apuntado "ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura".
Falta de colaboración por parte de la ACP
En el comunicado, GUPC niega "cualquier tipo de presión" a la ACP y asegura que siempre ha estado "dispuesto a colaborar" para hallar "una salida dialogada para poder terminar la obra en el menor tiempo y costo posible". En cambio, la Administración "ha hecho todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos", añade.
Ante los requerimientos del consorcio, la ACP optó por "ignorarlos", motivo por el cual GUPC acabó llevando sus reclamaciones a la Junta de Resolución de Disputas, "lo que significa una inversión para el consorcio de tiempo y dinero adicional", indica el comunicado.
Por todo ello, el grupo liderado por Sacyr e Impregilo anuncia que ha decidido entregar la carta de preaviso y recuerda que, según establecen las leyes panameñas, "en caso de privación las partes deben equitativamente rectificar los términos del contrato para conseguir un justo balance". "Si la reactivación no se hace, el contratante está en posición de determinar el fin del contrato", agrega.
No obstante, el consorcio ha expresado su deseo de que en los próximos 21 días la ACP "cumpla con los requerimientos presentados" a fin de que se pueda continuar con la obra en "lo que supondría la alternativa con menor coste y en el menor tiempo posible de ejecución".
