La Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha reunido con la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Liana Ardiles, en el marco del debate para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua. Durante la reunión hemos reclamado que dicho Pacto Nacional por el Agua refuerce el carácter público del agua y que se avance en la creación de un modelo de gestión más transparente y participado. El abastecimiento de agua potable a las poblaciones ha ganado centralidad en el debate ciudadano en todo el mundo en los últimos años. La organización de Naciones Unidas reconoció en 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental. En la Unión Europea, organizaciones cívicas y sindicales promovieron la primera Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para reclamar a las instituciones europeas la regulación efectiva del derecho humano al agua. Uno de los motivos principales de preocupación es la tendencia a la privatización de la gestión del agua. Desde los años ochenta del siglo pasado se ha producido un proceso silencioso de apropiación privada del agua con consecuencias negativas en muchas partes del mundo, lo cual ha provocado movimientos de recuperación de la gestión pública en ciudades como París o Berlín. El regreso al control y la gestión pública de un servicio tan básico como la gestión del agua urbana es una tarea urgente.
El abastecimiento de agua potable a las poblaciones ha ganado centralidad en el debate ciudadano en todo el mundo en los últimos años. La organización de Naciones Unidas reconoció en 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental. En la Unión Europea, organizaciones cívicas y sindicales promovieron la primera Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para reclamar a las instituciones europeas la regulación efectiva del derecho humano al agua. Uno de los motivos principales de preocupación es la tendencia a la privatización de la gestión del agua. Desde los años ochenta del siglo pasado se ha producido un proceso silencioso de apropiación privada del agua con consecuencias negativas en muchas partes del mundo, lo cual ha provocado movimientos de recuperación de la gestión pública en ciudades como París o Berlín. El regreso al control y la gestión pública de un servicio tan básico como la gestión del agua urbana es una tarea urgente en numerosos municipios, si bien no exenta de dificultades que es necesario analizar.
Por otra parte, los efectos del cambio climático, y el deterioro del estado de los ecosistemas hídricos comprometen el futuro del abastecimiento de agua potable de calidad si no se toman medidas de prevención y reducción de las presiones de extracción excesiva de caudales, y de contaminación. Las dificultades para un abastecimiento sostenible de agua son especialmente importantes. Los conflictos surgidos en los últimos años y la decisión de muchos municipios de iniciar un proceso de gestión 100% pública suponen un gran reto. En este sentido debemos de debatir sobre la eficacia , la eficiencia y la sostenibilidad de la gestión del agua en la ciudad.
Finalmente es necesario abordar el importante reto de incorporar la participación ciudadana en la gestión del agua urbana, un aspecto fundamental para velar por el interés público, la transparencia, la garantía del derecho humano al agua y la aplicación de criterios sociales y ambientales en la gestión del agua urbana.
Por tanto este Pacto (denominado “nacional”, es decir, que debería de contemplar y coordinar las deferentes competencias existentes) del agua podría ser una oportunidad para debatir sobre estas cuestiones. No obstante, desde Aeopas (asociación que agrupa a operadores públicos que gestionan el agua de aproximadamente 22 Millones de ciudadanos) no entendemos como podemos crear un pacto sin contar ni con un documento ni un análisis técnico previo elaborado por el propio Ministerio. Al mismo tiempo tenemos que señalar que en el Congreso y en el Senado se están discutiendo proyectos – p.j Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua- sin que las autoridades competentes previamente hayan tenido a bien consultarnos sobre su contenido y que son lesivos con la consideración de el agua como un bien común.
Demandas concretas que deben ser contempladas en el Pacto:
- Reconocimiento del derecho al agua como una condición inexcusable para la erradicación de la pobreza hídrica. Instar a las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado.
- Rescate. Crear, junto a las Comunidades Autónomas y Diputaciones, un programa de ayudas dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua. Rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico.
- Desarrollo de Planes de Depuración que contemplen el desarrollo de programa de financiación público-público. Establecimiento de acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas.
- Un sistema eficaz sólo es posible mediante la creación de entes públicos supramunicipales. En este sentido sería recomendable de crear marcos legislativos que favorezcan los partinariados público-público. Para ello se debería de analizar el papel que las Diputaciones deben de realizar en este pacto.
- Desarrollar la hoja de ruta sostenible que supone el denominado Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015) en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.
- Rechazó al real decreto sobre autoconsumo, una regulación eléctrica (RD 900/2015) que se ha ido retrasando durante toda la legislatura y que incluye el llamado impuesto al sol. La normativa es un obstáculo al desarrollo de las energías limpias y supone una dependencia exclusiva de las reglas que nos imponen las actuales empresas eléctricas. Si queremos frenar el cambio climático debemos de profundizar en el binomio agua y energía
- Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido en la factura cuando no exista nociones de beneficio maximalista (caso del modelo público).
- La eliminación del denominado canon concesional que permite vender el agua para enjuagar las cuentas municipales y especular con el agua.
Sobre la regulación
- Los servicios del ciclo integral urbano del agua son de titularidad municipal, por lo que la regulación de estos servicios compete legalmente a los ayuntamientos. Sin embargo, se detectan una serie de debilidades en la regulación actual del ciclo que es necesario solventar arbitrando los medios técnicos, de coordinación intersectorial e intermunicipal, de apoyo mutuo e, incluso, normativos que deberán ponerse en marcha en el inmediato futuro.En este sentido, demandamos la creación de un observatorio del ciclo urbano del agua que centralice la información sobre todo los referido al ciclo urbano. Además se debe de garantizar y dar medios adecuados para que los entes locales puedan garantizar un servicio eficaz y justo. No se puede crear un solo órgano de regulación que imite al mercado privado de la electricidad. En este sentido, nos negamos a una “teatralización” de la regulación que otros actores demandan para impedir que afloren instituciones capaces de garantizar un servicio de calidad.
- Muchas de estas debilidades se tratan en los epígrafes anteriores; sin embargo, conviene resaltar que, especialmente en el caso de pequeños municipios, los servicios del ciclo solo pueden ser eficientes si se viabilizan entes públicos supramunicipales. En este sentido sería recomendable crear marcos legislativos que favorezcan la cooperación público-público. Sin embargo, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local supone una clara limitación en este sentido, toda vez que castiga a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, dejando en una situación delicada a los municipios de menos de 20.000 habitantes y todavía más grave a los de menos de 5.000. A todos ellos se les reducen más los recursos financieros que ya ahora son insuficientes para prestar los servicios que ofrecen. La ley supone un serio obstáculo para la creación de alianzas locales ya que elimina la posibilidad de delegación a las entidades locales. En este sentido se solicita la derogación inmediata de los artículos que imposibilitan la creación de redes supramunicipales de gestión de servicios.
- Aunque las debilidades antes reseñadas son comunes al conjunto de la contratación pública, sería factible concretar un documento de bases normativas para la regulación del ciclo integral urbano del agua que las contemple; en concreto, los principios y condicionantes eco-sistémicos del conjunto del ciclo integral urbano del agua, los servicios del ciclo, el derecho humano al agua y el saneamiento, la garantía del servicio, requerimientos mínimos para hacer efectivos y evaluables los principios de uso eficiente, ahorro, consumos mínimos, calidades, parámetros mínimos exigibles de potabilidad, salubridad, calidad, estado de los circuitos e instalaciones, costes susceptibles de repercutir en el ciclo urbano del agua, gestión de la demanda, conceptos objeto de repercusión en los consumidores y usuarios, contenidos básicos del ejercicio de los derechos de los ciudadanos (asociados al derecho humano al agua y el saneamiento), derechos de los consumidores y usuarios en relación a los servicios de abastecimiento y saneamiento, condiciones para las distintas alternativas de gestión del ciclo y la delimitación competencial.
