El presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell, se ha reunido con la directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Liana Ardiles, en el marco del debate para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua.
A este encuentro también han asistido, entre otros, representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN); de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia); de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), del Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX); y de la Cámara de Comercio.
Durante la reunión, el presidente de AGA ha trasladado a la Directora General del Agua su apoyo al MAPAMA por esta iniciativa y ha solicitado que el Pacto Nacional por el Agua contemple las demandas del sector del agua urbana.
En ese sentido, José Carbonell ha señalado que, entre los principales retos que son necesarios abordar en los próximos años para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua urbana, se encuentran la necesidad de realizar un esfuerzo inversor sostenido para acometer tanto la renovación de infraestructuras como la construcción de otras nuevas, así como avanzar en la cobertura de costes y la potencialidad de atenderlos con las estructuras tarifarias.
Por otro lado, y de acuerdo a los criterios de la economía circular, el presidente de AGA ha resaltado la importancia de la reutilización del agua y la consideración de los caudales así generados como un recurso adicional.
Por último, José Carbonell ha puesto de manifiesto la conveniencia del establecimiento un marco armonizado de regulación para el sector del agua, con el objetivo de armonizar los niveles de prestación de los servicios y las estructuras tarifarias, así como la transparencia, involucración y participación de la ciudadanía. Además, ha señalado que dicho marco de regulación debe buscar siempre la eficiencia en el desempeño de estos servicios públicos y su orientación, estrategia y acciones deberían responder a los objetivos, criterios y sensibilidades sociales. La figura de un regulador, ha afirmado, sería buena para el sector, los ciudadanos, la Administración y las empresas.
