"Los países más avanzados conciertan la colaboración público-privada sin prejuicios"

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  • " países más avanzados conciertan colaboración público-privada prejuicios"
    Albert Martínez Lacambra (Foto: Xavi Gómez/C)
  • Hoy en día, asistimos a un intenso debate sobre la conveniencia de la gestión pública o privada en el sector del agua. Sin embargo, más allá de barreras ideológicas, el objetivo final (que el ciudadano tenga agua de calidad y en cantidad suficiente) debe ser la meta de cualquier entidad que enfoque sus esfuerzos en la provisión del servicio.

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Sobre la Entidad

AGBAR
Grupo Agbar es un holding con más de 140 años de historia constituido por más de 128 empresas que operan en el sector de servicios del ciclo integral del agua, dando servicio a más de 26 millones de habitantes

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En Aigües de Barcelona dan fe de ello. Su Consejero delegado, Albert Martínez Lacambra, detalla desde su propia experiencia y bajo sólidos argumentos la conveniencia de no dejarse llevar por la política en lo que a la gestión del agua se refiere.

Pregunta: En primer lugar, nos gustaría conocer su trayectoria profesional.

Respuesta: Hace 33 años que inicié mi andadura profesional, pero no saque conclusiones precipitadas en cuanto a mí edad, tengo 49 años. He trabajado en distintos sectores, tanto en el ámbito público como en el privado.

Trece años dedicado al sector público, en concreto a vivienda social, transporte público y una etapa a las finanzas públicas. Fue una magnífica experiencia y creo que el sector público es una buena escuela. Hace 12 años me incorporé a AGBAR. Es un privilegio trabajar en una compañía con dimensión global y una clarísima vocación social, puesto que la Responsabilidad Social forma parte de nuestro ADN.  

Asimismo, soy profesor de la facultad de ciencias económicas y empresariales de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Hace 25 años que imparto asignaturas relacionadas tanto con el sector privado como el sector público, con excepción de los dos años que estuve en Santiago de Chile, en Aguas Andinas.

Estación de Depuración de Aguas Residuales de Llobregat

P.- Usted, que ha vivido desde dentro, tanto el sector público como el sector privado, ¿qué opina respecto a la profesionalidad, niveles de eficiencia y funcionamiento en general?

R.- Vaya por delante que he conocido grandes profesionales tanto en el sector público como en el sector privado; por tanto, el hecho de estar en uno u otro ámbito no presume, ni mucho menos, un diferencial de capacidad.

Otra cosa son los resultados. Todas las organizaciones, con el paso del tiempo, desarrollan el mismo perfil de patologías y lo cierto es que en el sector privado, para que la organización sobreviva, es preciso corregir esas patologías, mientras que en el sector público cuando un gestor intenta corregirlas, fácilmente “muere” en el intento.

"Cuando la política tiene un alto contenido demagógico, perturba el buen hacer de los gestores públicos"

Por tanto, separaría de forma clara la gestión pública de la actividad política. Es evidente que la primera está al servicio de la segunda. El problema es que cuando la política tiene un alto contenido demagógico, paraliza y perturba el buen hacer de los gestores públicos.

P.- Pero, ¿usted cree que la política actualmente es un lastre para el buen funcionamiento de la Administración Pública?

R.- La política es imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad, así como también lo son nuestros políticos que escogemos entre todos. Los políticos elaboran las leyes que configuran nuestro orden social, imprescindible para la convivencia.

De lo que no tengo ninguna duda es que, quien toma decisiones y administra la “res pública”, invocando la ideología como hilo conductor de su actuación sin atender otros argumentos racionales, es un pésimo administrador del bien común.

En estos tiempos que corren he llegado a escuchar expresiones referidas al servicio del agua, tales como “me da igual que el servicio sea más caro, es una cuestión de ideología, queremos una gestión pública”. ¿No le parece grave esta afirmación? Como mínimo irresponsable. Estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX. La política debe tener mayor amplitud, más allá del estricto concepto de la lucha de clases. En este mundo globalizado debemos ser capaces, entre todos, de preservar nuestro Estado del Bienestar y asegurar el buen funcionamiento y sostenibilidad de los servicios públicos.

P.- ¿Qué opina sobre el paradigma que habla de la “remunicipalización” de los servicios del ciclo del agua?

R.- Como le apuntaba, la política y los políticos, como no puede ser de otra forma, el único objetivo por el que deben trabajar es para maximizar el interés general. Y remarco el concepto de interés general que, desgraciadamente, a menudo no coincide con el interés político. Que alguien te diga que por ideología hará pagar más caro un servicio a sus ciudadanos es un ejemplo de la distancia entre la acción política y el interés general.

En cuanto a la “remunicipalización” que me preguntaba, permítame una corrección terminológica del concepto “remunicipalizar”. Se incurre en una contradicción porque no se puede remunicipalizar aquello que ya es municipal.

Lo que le decía respecto al dogmatismo ideológico, le aseguro que no es la mejor receta para realizar una correcta administración de lo público. Cuando la política intenta poner en la agenda de los ciudadanos determinados temas que no son de interés del ciudadano, y cuando además son servicios que han funcionado y funcionan de forma impecable, asistimos a la divergencia del interés general respecto al interés político.

"La incorporación de conceptos impropios en la factura induce al consumidor a creer que el agua tiene un precio mucho más elevado"

En España, el agua es pública por mandato legal, es un bien común de todos. Otra cosa es la gestión, que se realiza a través de concesiones y autorizaciones otorgadas y tuteladas por la Administración Pública.

Para aquellos que afirman que el suministro de agua debe ser gratuito porque cae del cielo y no tiene coste, les invitaría a visitar una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) o una depuradora. Se darían cuenta del elevado nivel de inversión y tecnología que requiere el funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, así como de la necesidad de disponer de profesionales altamente cualificados.

En este sentido, el sector público debe apoyarse en las oportunidades que le ofrece el sector privado, tanto a nivel de conocimiento y tecnología, como en las alternativas de financiación.

P.- El argumento esencial que mantienen muchos de estos discursos es que el agua es un Derecho Humano, y no se puede tratar como una mercancía.

R.- Leo Heller, el relator de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y saneamiento, ha dejado muy claro que este derecho no tiene nada que ver con la forma de gestión, pudiendo ser ésta tanto pública como privada. El derecho humano al agua se refiere a los 800 millones de habitantes en el planeta que no tienen acceso al agua potable, y a los 2.400 millones que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, esencial para la salud y bienestar humano.

Asimismo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17 enfatiza que es preciso fomentar y promover la constitución de alianzas público-privadas para facilitar la consecución de los 17 objetivos establecidos en la Agenda 2030. Para afrontar los retos de las ciudades del siglo XXI es necesario que seamos capaces de conectar de forma eficiente a todos los agentes, ya que la economía del futuro, sin lugar a dudas, pasa por la colaboración público-privada. Los países más avanzados conciertan la colaboración público-privada sin prejuicios.

En 2006 creamos el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) con la participación de la Universidad Politécnica y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que hoy tiene sedes en Barcelona, Galicia, Andalucía y Chile. Este centro impulsa, mediante un modelo de colaboración público-privada, la investigación en torno a los recursos hídricos y la sostenibilidad.

Este año, Cetaqua ha recibido el Premio Nacional al Partenariado Público-Privado en Investigación e Innovación 2016, otorgado por la Generalitat de Catalunya y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sant Joan

P.- Ante las situaciones de emergencia, ¿qué aporta la colaboración público-privada?

R.- La existencia de un operador privado con acreditada solvencia técnica permite efectivamente resolver incidentes, que precisan de avanzada tecnología y profesionales con alta cualificación, con el menor tiempo posible.

El pasado 22 de enero, hubo un temporal en el área metropolitana de Barcelona, el más grave de los últimos 30 años. Este temporal se llevó 500 metros del colector de Llevant, que recoge el agua residual de 400.000 habitantes, en los términos municipales de Sant Adrià y Badalona. Gracias a la capacidad profesional y compromiso de nuestros empleados fuimos capaces de resolver el problema en un tiempo record.

P.- Los favorables a la “remunicipalización” mantienen que el precio será más bajo si la gestión es pública.

R.- La falta de conocimiento y la demagogia produce estupor. Los que rezan este mantra deberían saber que el agua es mucho más cara en el norte de Europa que en el sur. Por ejemplo, en Dinamarca, el precio del agua es tres o cuatro veces superior al precio del agua en España. Y es en esas latitudes donde hay más gestión pública y curiosamente el agua es más abundante.

P.- ¿Qué sucede entonces, gestionan mal?

"Cuando la política intenta poner en la agenda temas que no son de interés del ciudadano asistimos a la divergencia del interés general respecto al interés político"

R.- Ni mucho menos, lo que ocurre es que repercuten al precio del agua todos los costes asociados al ciclo integral del agua, cumpliendo lo previsto en la Directiva Marco del Agua. Mientras que en España, a menudo, la factura del agua tiene conceptos que nada tienen que ver con el ciclo del agua. Pero, lo que es peor, es que hay costes del ciclo hidráulico que no se incorporan. Es decir, se utiliza la factura como vehículo de recaudación de conceptos absolutamente ajenos al agua, como recogida o tratamiento de residuos, y por otro lado no se repercuten todos los costes del ciclo. Algunos de los que critican el precio del agua utilizan la confusión de la factura para recaudar estos otros conceptos. La incorporación de conceptos impropios en la factura induce al consumidor a creer que el agua tiene un precio mucho más elevado.

P.- Otro aspecto que emerge en estos debates es el déficit democrático entorno al agua.

R.- Éste es otro mantra que se repite. Una vez conseguí que una persona que hablaba de democratizar el agua me explicara qué significaba esta idea y me dijo que consistía en que era preciso una mayor regulación del sector. Por tanto, intuyo que están pidiendo una regulación más exhaustiva. Si es así, me parece muy bien, pero deberían tener en cuenta que los países con una regulación y un regulador más potente son Chile y Reino Unido que, precisamente, son los países con mayor participación del sector privado. Sería deseable en España disponer de reguladores del nivel de Chile o Reino Unido, donde las empresas son tuteladas por profesionales, con un amplio conocimiento del sector.

Me viene a la memoria una anécdota que vivió una persona hace 3 años. Fue en el Sur de Argentina, en Comodoro Rivadavia, una población de 200.000 habitantes. Tuvo ocasión de coincidir con el Gobernador a su llegada y le mostró su orgullo y satisfacción de que el agua era pública y se trataba como un bien universal. El problema es que estuvo una semana sin poder ducharse, pues la ciudad estaba sin abastecimiento. Le hablo del siglo XXI, no del siglo XIX.

P.- Ha hablado de retos de futuro. ¿A cuáles en concreto se enfrenta la humanidad entorno al agua?

R.- Dos vectores de máxima preocupación: la presión demográfica y el cambio climático. En el año 2050 la población del planeta contará con 9.700 millones de personas, la FAO prevé que se requerirá incrementar la producción de alimentos un 70%, y tanto la tierra como el agua son bienes escasos. Por tanto, habrá que optimizar el uso del agua en la agricultura innovando tecnológicamente el regadío. Es bueno recordar que el 70% del consumo de agua corresponde a la agricultura. Curiosamente esta política populista obvia o desconoce este aspecto.

Si al vector población añadimos el cambio climático, donde las sequías serán más severas y las inundaciones más extremas, hace que la disponibilidad de infraestructuras sea la única receta para soportar esta situación.

Además, si tenemos en cuenta que cada vez hay más población urbana, llegando a 6.600 millones de habitantes en el 2050, precisaremos de ciudades con más resiliencia y ello sólo se consigue con más infraestructuras, ¿y usted cree que el sector público puede abordarlo en solitario? Estoy convencido que no, es más, como he comentado, incluso Naciones Unidas en los ODS apunta a la necesidad de colaboración público-privada. Así pues, la correcta gobernanza entre sector público y privado será una de las claves para la gestión de la inversión en la infraestructura necesaria para construir ciudades más resilientes.

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