La Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han firmado un convenio con el objetivo de potenciar las tarifas sociales aplicadas a la factura del agua en el ámbito metropolitano. Este acuerdo hará posible coordinar e impulsar las acciones de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona que se adhieran para dar a conocer el canon social del agua.
Esta figura permitirá que los usuarios en una posición económica vulnerable tengan cubiertas sus necesidades básicas de agua a un precio reducido.
El número de abonados que han solicitado el canon social desde octubre de 2011 (momento en que entró en vigor) se ha mantenido estable desde el inicio de su aplicación, a razón de unos 1.500 anuales , haciendo posible que desde 2011 hayan podido acogerse a la medida un total de más de 7.000 personas. Sin embargo, hay que destacar que durante el primer semestre de 2014 ya se han duplicado las solicitudes que se reciben en todo un año (3.200 a finales de junio).
El canon social del agua establece la posibilidad de que los pensionistas mayores de 60 años y que perciban una pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad y las unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo seguirán pagando el primer tramo del canon del agua con la misma tarifa de 2010.
Para disfrutar de esta tarifa reducida, la factura no puede superar el consumo estipulado en el primer tramo, es decir, 18 m3 cada dos meses. Cabe recordar que este límite se amplía en función del número de personas residentes en el hogar. Igualmente, los solicitantes deben ser personas físicas titulares de un contrato doméstico de suministro de agua para la vivienda donde se encuentran empadronados.
Los interesados en disfrutar de la tarifa social, y que cumplan los requisitos necesarios, pueden encontrar las solicitudes necesarias, así como la información sobre la documentación que deben aportar, en la web de la ACA (www.gencat.cat/ aca) y en el teléfono de atención al ciudadano 012.
Con este acuerdo, los propios ayuntamientos que se adhieran pueden recibir las solicitudes, valorarlas y, en caso de cumplimiento de los requisitos, darle el trámite oportuno para que en el plazo más corto posible el abonado pueda disfrutar, tanto de la tarifa social como del canon social en su factura del agua.
